La dimisión presentada ayer por las titulares niponas de Economía y Justicia -recientes apuestas personales del primer ministro, Shinzo Abe- supone el golpe más duro hasta la fecha para su Gobierno y para su meta de potenciar el rol de la mujer en Japón.

Las hasta ahora responsables de Justicia, Midori Matsushima, y Economía, Comercio e Industria, Yuko Obuchi, presentaron sus cartas de renuncia con horas de diferencia, presionadas por la oposición.

La primera de ellas distribuyó uchiwa (abanicos japoneses) con su imagen, nombre y cargo a personas que asistieron a diferentes festivales celebrados en el distrito de Tokio, al que representa como parlamentaria. El reparto de bienes de cierto valor a votantes de la propia circunscripción electoral está prohibido en Japón.

Por su parte, dos grupos de apoyo de Obuchi aparentemente financiaron visitas a Tokio de votantes de su demarcación electoral en la prefectura de Gunma, lo que en 2010 y 2011 pudo suponer un coste de más de 26 millones de yenes (190.000 euros). Medios de comunicación locales también atribuyeron a Obuchi haber malversado caudal público por valor de 3,6 millones de yenes (26.300 euros) para comprar productos y contratar servicios de empresas de familiares.

Varios analistas locales subrayaron la nimiedad de los supuestos delitos al compararlos con los abusos de anteriores administraciones en Japón, aunque destacaron la torpeza con la que se ejecutaron.

En cualquier caso, ambas renuncias suponen el golpe más duro recibido hasta ahora por el Gabinete de Abe desde su llegada al poder en 2012.