"Turquía va hacia una dictadura". Este es el diagnóstico que hizo ayer el vicepresidente del derechista Partido de Acción Nacionalista (MHP), Oktay Vural, en referencia al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, después de que el Parlamento turco diera luz verde a dos leyes, una que da más poder a la Policía para actuar sin autorización judicial y otra que aumenta el control del Ejecutivo sobre internet. Ambas fueron duramente criticadas por la oposición y varios ONG como otra vuelta de tuerca ante lo que consideran una ola creciente de autoritarismo en el país.

La primera normativa, llamada Reforma de la seguridad interior, amplía la posibilidad de que la Policía realice interrogatorios, registros y escuchas telefónicas sin autorización judicial, y refuerza la capacidad de los agentes para reprimir manifestaciones. La ley autoriza a mantener bajo arresto durante 48 horas a sospechosos sin el permiso de un juez, permite a los agentes disparar contra quienes les arrojen bombas incendiarias y prevé penas de hasta cuatro años de cárcel para quien se cubra el rostro durante protestas violentas.

Toda la oposición -socialdemócratas, nacionalistas y prokurdos- rechazó la normativa, que salió adelante gracias a la mayoría absoluta que tiene el islamista Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP). Las fuerzas opositoras consideran que el nuevo marco legal supone poner de facto al país bajo la ley marcial. El socialdemócrata Partido Republicano del Pueblo (CHP) anunció que recurrirá la ley ante el Tribunal Constitucional.

Organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch también expresaron su preocupación por esta norma, especialmente en lo que se refiere al uso de armas de fuego. Por su parte, el Gobierno islamista de Erdogan sostiene que esta ley mejora la seguridad ciudadana y ofrece mejores instrumentos contra el terrorismo y las protestas violentas.

La segunda ley polémica aprobada permite al Ejecutivo ordenar el bloqueo de páginas web sin previa autorización judicial, si considera que hay contenidos irrespetuosos, que violan el derecho a la privacidad o ponen en peligro la estabilidad del Estado. La nueva norma establece que el bloqueo debe ser respaldado por un juez en las siguientes 48 horas.

"Llamar a esto autoritarismo no es bastante. Turquía se ha convertido en un país autoritario bajo Erdogan. Quiere acallar a toda la oposición y sólo quiere oír las voces que le gustan", aseguró a Efe Ilhan Cihaner, diputado y miembro de la Ejecutiva del CHP.

El Gobierno del AKP ha hecho del control de internet una constante. En marzo de 2014, Erdogan se refirió a la posibilidad de prohibir la red social Facebook y el canal de vídeos YouTube, argumentando que sus enemigos las utilizaban para dañarle. Poco después, las autoridades cerraron primero el acceso a la red Twitter y luego, tres días antes de las elecciones municipales, al canal YouTube, tras filtrarse una conversación en la que altos cargos especulaban sobre una intervención militar en Siria. Esa filtración fue calificada de espionaje por el Gobierno mientras que la censura la denunció como un nuevo acto de censura.

Dos meses después se volvió a permitir el acceso, tras establecer el Tribunal Constitucional que el bloqueo vulneraba la libertad de expresión y los derechos individuales. En las últimas semanas, se han producido varios casos llamativos de denuncias y condenas relacionadas con el uso de las redes sociales.

Los medios turcos informaron ayer de que una conocida actriz ha sido acusada de insultar a Erdogan a través de comentarios en Twitter. Dos caricaturistas fueron condenados esta semana a once meses y veinte días de cárcel cada uno por insultar al presidente, si bien esas penas fueron conmutadas por multas de unos 2.500 euros. El mes pasado, la Fiscalía de Estambul pidió entre uno y dos años de cárcel a Miss Turquía 2006 por compartir en las redes sociales un poema satírico referido al presidente.

El Instituto Internacional de la Prensa acaba de publicar un informe en el que se advierte de que en Turquía ha aumentado la presión sobre los medios como parte de una "deriva hacia el autoritarismo que ha conducido a un clima generalizado de autocensura y uno de los panoramas de libertad de prensa más problemáticos de Europa".