El nuevo Gobierno de Brasil del presidente interino, Michel Temer, anunció ayer un recorte de gastos públicos y una auditoría de los programas de ayuda a los pobres, como primeras medidas para sacar al país de la recesión. Las medidas más duras, dentro del "importante" plan de ajuste que prepara el ministro de Hacienda, Henrique Meirelles, tendrán que esperar a que se conozca el real estado de las cuentas que dejó Dilma Rousseff, suspendida el jueves en el cargo precisamente bajo la acusación de haber realizado maniobras contables irregulares para maquillar el déficit fiscal.

La falta de anuncios de mayor calado desagradó al mercado y la Bolsa de Sao Paulo reaccionó con un abultado descenso del 3,25% a dos horas del cierre. Sin embargo, el conocimiento de los datos precisos, según Meirelles, es esencial para fijar unas metas "realistas" con las que ofrecer la seguridad y la "confianza" que los actores económicos han perdido por la crisis.

La prioridad del Ejecutivo de Temer será reducir el déficit fiscal y recortar la deuda pública que, según el jefe del equipo económico del Gobierno, es "insostenible". El déficit fiscal primario, antes del pago de los intereses de la deuda, fue equivalente al 2,28% del PIB en los últimos 12 meses cerrados en marzo, el peor dato desde que se comenzaron a elaborar estadísticas en 1997. Teniendo en cuenta el pago de los intereses, el déficit fiscal escala al 9,73% del PIB en los últimos 12 meses y la deuda pública se sitúa en el 38,9% del PIB.

Meirelles prometió que se dará "prisa", pero aseguró que sólo anunciará sus propuestas cuando haya garantías de que se puedan implementar, para evitar los vaivenes que se produjeron los dos últimos años, cuando la guerra abierta entre Rousseff y el Congreso impidió aplicar el plan de austeridad que se proponía la mandataria.

El ministro de Hacienda fue optimista y aseguró que el Congreso está "preparado para oír una evaluación realista" y tomar las medidas necesarias con las que, según él, se podrá salir "rápido" de la crisis y retomar el crecimiento. No obstante, el nuevo ministro de Presidencia, Eliseu Padilha, no dudó en calificar la situación actual como "la peor crisis de la historia" de Brasil, una situación "de emergencia".

La primera medida anunciada ayer es la eliminación de al menos 4.000 empleos públicos hasta el próximo 31 de diciembre, lo que puede suponer el despido del 25% de la plantilla de cada ministerio. El objetivo de esta propuesta es cortar gastos y mejorar la eficacia del Estado, dos de las prioridades que se fijó Temer en el discurso que pronunció el jueves al asumir la Presidencia.

Rousseff, por su parte, alertó ayer de los "riesgos" que corren el país y su democracia desde que están bajo un "Gobierno ilegítimo", como consideró al que preside interinamente Temer. "No sé si el riesgo existe ahora, en este momento. Pero creo que un Gobierno ilegítimo precisará siempre de mecanismos ilegítimos para mantenerse en el poder", dijo.