Nuevo frente abierto por la terraza de la discoteca Kaleido del puerto deportivo de Benalmádena. El lunes el concejal de Puerto, Francisco Salido, anunció que la Fiscalía había abierto diligencias para investigar un posible delito de falsedad documental y malversación de caudales públicos por la cesión de un espacio durante la gestión del exregidor Enrique Moya (PP) para que este establecimiento abriese una terraza.

Por este motivo el portavoz del PSOE en Diputación, Francisco Conejo, pidió ayer al presidente de la Diputación, Elías Bendodo, que aparte de sus funciones por su implicación en el caso tanto a Moya, que ocupa un cargo de asesor taurino, como a la antigua edil de Puerto, María del Carmen Romero, que ahora es asesora de desarrollo local.

El alcalde de Benalmádena, Javier Carnero (PSOE), que acompañó a Conejo durante su intervención, explicó que la terraza se instaló tras un acuerdo entre el Puerto de Benalmádena y la discoteca, aunque esta infraestructura no contaba con la autorización de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA). Asimismo, el regidor informó que la empresa no pagó el canon por ocupación de vía pública durante dos años, el cual ascendía a unos 66.000 euros.

Tras la orden de desmantelamiento, la empresa solicitó una indemnización, por lo que María del Carmen Romero encargó a la misma empresa dos estudios en apenas un periodo de un año para determinar la inversión realizada en la terraza. En el primero la inversión se estableció en 25.000 euros y en el segundo en 62.000. Finalmente, según informó Carnero, Moya firmó la resolución del contrato aplicando la valoración superior, por lo que la deuda que mantenía la empresa quedó saldada tras el abono de 4.397 euros.

El PSOE, sin embargo, entiende que la empresa no tenía derecho a ninguna indemnización en virtud del contenido del propio contrato.

Enrique Moya se ha defendido de estas acusaciones calificando de "falsedad" que el anterior equipo de gobierno autorizase la apertura de la terraza y que estuviese abierta durante dos años. Según su versión, fue la propia empresa adjudicataria del puerto quien autorizó esta ocupación. "Cuando este expediente llegó a mis manos, y comprobé que no se ajustaba a lo que queríamos, ordené el desmantelamiento, antes de que se pusiera en marcha", afirmó, a la vez que señaló que no tenía ningún expediente por parte de Puertos de Andalucía.

En cuanto a la indemnización, informó que fueron los asesores jurídicos quienes estipularon la cantidad, al tiempo que denunció la "doble moral de los socialistas" al pedir su destitución, pues dijo que también se ha investigado a diputados del PSOE "y nunca se les ha retirado del cargo sin una sentencia en firme". Por último adelantó que una vez resuelto el proceso tomará medidas judiciales.