Si nada lo impide, la vida de Rosa Gálvez, una vecina de Alhaurín el Grande, dará mañana un giro radical. Este miércoles está previsto que se ejecute una orden de derribo de su vivienda familiar que está situada en un terreno no urbanizable de la zona Puerto Gómez. La mujer considera que esta situación es "injusta", a pesar de que es consciente de que su vivienda no respeta la ley, aunque asegura que "otras muchas tampoco lo hacen y sin embargo no cuentan con órdenes de derribo".

La complicada historia de la vivienda de esta familia se remonta al año 2006. En aquella época Rosa, su marido y su hija decidieron dejar su piso de Fuengirola y trasladarse a Alhaurín, ya que la niña había sufrido abusos sexuales por parte de un vecino. En ese municipio el marido de Rosa, Salvador Rueda, disponía de un terreno de sus abuelos donde se asentaba una casa antigua. Decidieron derruirla y comenzar a edificar otra vivienda, que se convirtió en su domicilio habitual. "Cuando estábamos echando el tejado comenzaron los problemas. El Seprona de la Guardia Civil nos abrió un expediente, pero en ningún momento se paralizó la obra. De hecho, la casa estuvo construida en seis meses", explicó ayer Rosa.

Tres años más tarde Salvador tuvo un juicio en el que se le sentenció a seis meses de prisión y al derribo de la casa irregular. El hombre pagó 2.700 euros para no entrar en la cárcel, aunque la sentencia ya era firme y, por tanto, la demolición parecía ser inminente. No obstante, la familia recurrió primero al Tribunal Constitucional y después al Supremo para pedir amparo, aunque finalmente estas administraciones desestimaron sus peticiones. Incluso intentaron solicitar un indulto, aunque hace escasamente tres semanas descubrieron que se les había denegado.

"Ya he tenido varias fechas de demolición, pero se han retrasado. Sabes que al final terminará por llegar, pero en el fondo no te lo crees. Nos sentimos como una cabeza de turco. ¿Por qué nosotros cuando también hay muchas otras casas ilegales?", se pregunta la mujer. También detalla que han solicitado la ayuda de distintas personalidades, como es el caso de la reina Sofía o del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, aunque no han obtenido resultado.

El derribo se ejecutará mañana a partir de las 10:00 horas. La familia ha solicitado el apoyo de la ciudadanía para impedirlo, ya que también Rosa informa que la construcción de la casa fue anterior a la publicación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio y que en sus mismas circunstancias hay cientos de viviendas en la provincia. La familia deberá hacerse cargo de los 9.000 euros que costarán los trabajos de demolición.