El alcalde de La Viñuela, Juan Millán (PSOE), explicó ayer al tribunal que le juzga por presunto delito contra la ordenación del territorio que hasta 2004 concedió las licencias de obras sin informes técnicos ni jurídicos, con arreglo a su conocimiento de un municipio que dijo conocer "como mi mano" y con las únicas condiciones de que las viviendas diseminadas se enclavaran en una parcela mínima de 5.000 metros y estuvieran al menos a cien metros del pantano que suministra agua a la Axarquía y la capital.

Millán, que encadena mayorías absolutas en La Viñuela desde 1995, reconoció que éstas fueron las únicas limitaciones de las tres licencias que autorizó en 2001 y 2003 para levantar chalés individuales en la zona conocida como pago Herrero. Pero también aclaró que estas fueron las circunstancias que acompañaron a otros cientos de permisos que firmó hasta que en 2004 la Junta de Andalucía le llamó la atención. "Entonces no di más licencias, pero hasta ese momento todo el mundo sabía lo que se estaba haciendo".

El alcalde afirmó que en esa época no había ningún tipo de norma que regulara la actividad urbanística en el pueblo. En primer lugar, las normas subsidiarias no se habían publicado por lo que técnicamente no eran de aplicación y en segundo, el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que el Ayuntamiento trató de dar por aprobado valiéndose del silencio administrativo, porque supuestamente la Junta de Andalucía no se había pronunciado en plazo, fue impugnado por el Gobierno autonómico.

Por eso, los expedientes únicamente constaban de la petición de licencia, el proyecto de ejecución y la liquidación de las tasas correspondientes. Sin informes técnicos ni jurídicos. Es más, el secretario del Ayuntamiento, que declaró como testigo, reconoció que emitía informes tipo y en dos casos de los tres objeto de juicio fueron firmados semanas después de que se autorizaran las licencias.

El coordinador de la sección de Medio Ambiente de la Fiscalía de Málaga, el fiscal Juan Calvo, que pide para el alcalde de La Viñuela dos años de prisión por dos delitos de prevaricación urbanística, uno de ellos con carácter continuado y 17 años de inhabilitación, subrayó que la gestión de Millán había sido "de forma grosera y palmaria contraria al ordenamiento" porque actuó obviando la legalidad desde el momento en que no contó con informes técnicos ni jurídicos que avalaran los permisos de obra que expedía para levantar viviendas en suelos que entiende no eran urbanizables y además estaban sujetos a protección por estar ubicados en las proximidades del embalse de La Viñuela.

En el caso de las dos licencias de 2001, previas a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) no contaron con el visto bueno de la comisión provisional de urbanismo y la segunda, de 2003 carecía de proyecto de actuación, según detalló el fiscal en su informe final.

Para el fiscal, no existía confusión normativa que justificara la expedición de licencias, puesto que si no estaban en vigor ni las normas subsidiarias ni el Plan General de Ordenación Urbana, eran de aplicación las leyes generales: en 2001, la Ley del Suelo de 1998, y en 2003, la LOUA. La defensa, en cambio, argumentó que el hecho de que no se siguiera el procedimiento administrativo no puede dar lugar a "confundir un ilícito administrativo con la corrupción urbanística en la Costa del Sol". En este sentido indicó que ni La Viñuela es Marbella, ni Millán es Roca. Además, recordó que la prevaricación exige conocimiento y consciencia de la injusticia de los actos, circunstancias que aseguró que no se daban en este caso.

Millán es, junto al ex alcalde de Cómpeta Leovigildo López Cerezo (PP), el regidor de la Axarquía que acumula más procedimientos judiciales por prevaricación urbanística. Además de esta causa, tiene abiertas otras seis en los juzgados, más una recientemente archivada.