El pelotazo en la operación urbanística Crucero Banús fue posible porque "la posición de Roca aseguraba el éxito". El inspector jefe de la sección de la unidad de delitos fiscales y blanqueo (UDEF-Bla) de la Policía Nacional que investigó el caso Malaya subrayó ayer ante el tribunal que en aquel negocio se pudieron cosechar en beneficios más de seis millones de euros en menos de un año porque el papel que desempeñaba Juan Antonio Roca en el Ayuntamiento les aseguraba la recalificación de los suelos.

El inspector precisó que desde su "punto de vista" esta fue una "operación de diseño" en la que un técnico con peso en el Ayuntamiento como era Roca y el ex teniente de alcalde del municipio Pedro Román, junto a otras dos personas, se confabularon para comprar unos suelos cerca de Puerto Banús, lograr que se les doblara el potencial de edificación muy rápido y su beneficio cobrarlo en Suiza escondido tras una sociedad extranjera.

En su opinión esta era una apuesta segura "a caballo ganador en una carrera en la que sólo corre un caballo y después se oculta el trofeo". De acuerdo con su tesis ningún socio estaba al margen de los pormenores del negocio, entre otros motivos, por la envergadura que tenía.

El perito de la Policía Nacional, no obstante, admitió que cuando el equipo que mandaba elaboró los primeros informes sobre la operación Crucero Banús todavía tenían poca información sobre los socios, sus aportaciones y la distribución de los beneficios. Posteriormente la Policía realizó un registro en el despacho del abogado Juan Hoffmann, letrado que participó en el negocio y administraba la sociedad española propietaria de la finca, en la que surgieron nombres y números. El resto de la información la tuvo la Policía cuando la Fiscalía de Lausana aportó a la justicia española las investigaciones realizadas en Suiza por supuesto blanqueo de capitales y en las que aparecían Roca, Román, Hoffmann y el cuarto socio, el comisario retirado Florencio San Agapito.

No obstante, durante el inquisitivo interrogatorio al que fue sometido por parte de las defensas, el inspector de la UDEF dejó algunos cabos sueltos claramente favorecedores para los intereses de los procesados. Sojuzgado por la abogada de Roca, la letrada Rocío Amigo, se vio obligado a "admitir" que "no fue afortunado" hacer constar en uno de los informes que Juan Antonio Roca manejaba "información confidencial" en el Ayuntamiento. Precisamente, el caso Malaya descansa en gran medida sobre esta capacidad del ex asesor municipal para manejar en la trastienda del urbanismo.

Después confesó que o bien "no consideró relevante" o se le "pasó" indagar el origen y existencia de un cheque bancario ingresado en una cuenta en suiza que, de acuerdo con la tesis de la defensa, fue aportado por Juan Antonio Roca para completar su parte en la compra de los suelos de Crucero Banús. La Fiscalía Anticorrupción sostiene que el supuesto cerebro de Malaya nunca hizo ese último pago y que las cantidades se las tuvieron que completar el resto de los socios. Esa, presumiblemente, sería su comisión por propiciar la recalificación de los suelos.

El tercer punto débil de la primera declaración policial en el caso Malaya está relacionada con los papeles de Lausana, es decir, la documentación enviada por Suiza a España con la investigación abierta en aquel país por presunto blanqueo de capitales en la que estaba involucrado Roca, entre otras personas. La condición que puso la Fiscalía helvética fue que no se utilizara esa información para acusar por delito fiscal. De hecho, los peritos de Hacienda que han declarado en este bloque de Malaya han precisado que nunca tuvieron acceso a la documentación que aportó Suiza. Sin embargo, el inspector jefe de la sección de la UDEF que investigó Malaya reconoció que esa información la puso en manos de la Agencia Tributaria.

El mando policial respondió ayer a las preguntas de todas las partes salvo las correspondientes a la defensa de Andrés Liétor, un procesado que no forma parte de este bloque del juicio. Su abogada podrá interrogarlo hoy aunque, a instancias del tribunal no podrá formular las más de 100 cuestiones que tiene previstas.

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