La primera hornada de viviendas de promoción pública (VPP) de Marbella está causando más de un quebradero de cabeza a sus 72 adjudicatarios. La alegría inicial de saberse futuro poseedor de una vivienda ha dado paso a la incertidumbre. La alta cuantía exigida por la empresa constructora como pago inicial y la obligatoriedad de tener que adquirir trastero y garaje (cuando el propio Ayuntamiento anunció que eran optativos) han provocado que muchos adjudicatarios se quejen.

La protesta era elevada por el concejal no adscrito y miembro de la iniciativa Marbella San Pedro Alcántara (IMA+S), Javier De Luis, y por Opción Sampedreña (OSP) en comunicados distintos. Javier de Luis denunció que "el principal obstáculo que les impide acceder al crédito es la obligación de una entrada, de 30.000 ó 40.000 euros según los casos, a la promotora antes de la firma del contrato de compraventa y entrega de la vivienda. Para las familias de escasos recursos, principales destinatarios de estas obras, esta cantidad resulta inalcanzable. De no entregar estas cantidades la promotora comunica a los adjudicatarios que darán la vivienda a otras personas".

Desde OSP, su presidente, Rafael Piña, añadía: "Pero es que además el garaje y el trastero, tal y como aparece en la publicidad del Ayuntamiento, eran opcionales; sin embargo ahora se considera obligatoria su adquisición. Así, por ejemplo, una vivienda joven de unos 70 metros cuadrados, que al principio costaba 88.414 euros (más IVA) ve incrementado su valor en 17.000 euros por el garaje y 3.000 euros por el trastero (más IVA), con lo que el precio final se sitúa en 117.839 euros (IVA incluido), mientras que las viviendas de régimen general terminan valiendo unos 163.000 euros (IVA incluido). Teniendo en cuenta el nivel de ingresos de quienes consiguieron la VPO, nos parece complicado que muchos de ellos puedan hacer frente a una entrada tan cuantiosa y a un precio final que se aleja bastante de sus previsiones iniciales", afirma Piña. Para el concejal Javier de Luis "la alcaldesa está obligada a exigir a la promotora condiciones de compra más asequibles y que éstas se acomoden más al régimen económico de cada familia adjudicataria". 

 Desde el equipo de Gobierno, el edil de Urbanismo, Pablo Moro, echó balones fuera, recordando que "las políticas de vivienda protegida corresponden al Gobierno central y a la Junta de Andalucía y que el Ayuntamiento, por responsabilidad, ha ido más allá de sus competencias al localizar suelo y destinarlo a este tipo de inmuebles", y afirmó que "los recortes impulsados por el Gobierno de la Nación el pasado mes de diciembre también han afectado a los compradores de VPP al eliminar las ayudas directas de financiación para efectuar la entrada". Hoy hay prevista una reunión entre la empresa promotora, llamada Amenábar, y los adjudicatarios.