Rajoy da un ultimátum de cinco días a Puigdemont

  • El Gobierno pone en marcha el artículo 155 que puede concluir con la intervención parcial o total de la Generalitatl El 'president' tiene de plazo hasta el lunes para responder y hasta el jueves para restablecer el orden y rectificar

  • Puigdemont insiste en una mediación que la UE niega de modo tajante, al exigirle respeto al orden constitucional

Mariano Rajoy ha activado el artículo 155 de la Constitución contra la rebelión de Carles Puigdemont en Cataluña, pero lo ha hecho a su modo, con un requerimiento público para que le aclare si lo que hizo el martes en el Parlamento fue declarar la independencia. Si la independencia es a la eslovena, la respuesta ha sido a la gallega. El requerimiento previo, la advertencia, es obligatoria, pero la pregunta sobre lo que ocurrió en la Cámara catalana es, ciertamente, una ironía desconcertante ante los graves hechos que se vienen sucediendo en esta comunidad autónoma desde el mes de septiembre.

Como primer paso, y tal como indica la Constitución sobre el 155, el Gobierno ha enviado -eso es lo que ha hecho, más allá de la pregunta- un requerimiento en el que le solicita "el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y a la cesación de las actuaciones gravemente contrarias al interés general". La Generalitat debe responder el lunes y si se constatase que, antes del jueves, no depone su actitud, seguiría el desarrollo de un artículo que puede suponer la intervención de la comunidad autónoma.

El Parlamento catalán ha aprobado dos leyes de desconexión, a pesar de que su Mesa estaba advertida y de que el Govern las ha puesto en marcha y las ha aplicado. La rebelión institucional es manifiesta. no se trata de si hubo o no proclamación: se convocó un referéndum, se da por realizado y, de acuerdo con ello y con las dos leyes de desconexión, se asume el inicio de la república catalana. Eso fue lo que sucedió, aunque después Puigdemont dijo que se suspendía de modo temporal. Pero ni se votó ni hay una publicación en el boletín oficial de la comunidad. Pero la Constitución, en su artículo 155, no obliga a preguntar, sino a requerir al presidente autonómico para que no perjudique más al interés general tras constatar que sus medidas lo afectan gravemente.

La respuesta que de modo inmediato se dio desde la Generalitat fue, de nuevo, la solicitud de una mediación internacional para que negocie entre España y Cataluña. Puigdemont propuso en una entrevista en la CNN que cada parte nombrase a dos personas y que éstas fuesen quienes eligieran al mediador. Ni el Gobierno de Rajoy ni el PSOE ni Ciudadanos, los que forman el bloque constitucional, aceptan una negociación a ese nivel. La exigencia es que restituya la legalidad y, entonces, se podría dialogar, según Rajoy, pero sobre asuntos como el autogobierno, la financiación o los servicios. Marta Pascal, la portavoz de Junts pel Sí en el Parlamento catalán, abundó en el bucle, al solicitar a Rajoy que responda al ofrecimiento de diálogo.

Rajoy reunió a su Consejo de Ministros por la mañana, y por la tarde compareció ante el Congreso. Allí, y en respuesta a la intervención del peneuvista Aitor Esteban, redujo a una simplicidad extrema, muy definitoria del presidente, lo que está ocurriendo: "Basta con que el señor Puigdemont diga lo que ha dicho Aitor Esteban, que no declaró la independencia; otros no piensan lo mismo, por eso sería muy importante que el señor Puigdemont aclarase si la declaró o no la declaró. No es lo mismo que alguien declare la independencia, en cuyo caso el Gobierno debe adoptar unas medidas, que no declare la independencia; por tanto, es muy importante que el señor Puigdemont acierte en su respuesta". Para abundar aún más en la ironía, Rajoy recomendó a los parlamentarios que leyesen la declaración de independencia que sí firmaron, posteriormente, los diputados de ERC, PDeCAT y la CUP. En ese texto, se proclama la república sin ambages.

El artículo 155 de la Constitución nunca se ha puesto en marcha. Sólo en una ocasión Felipe González amagó con emplearlo a causa de un problema fiscal con Canarias. El supuesto para comenzar a aplicarlo es que una comunidad, como es el caso de Cataluña, incumpla la Constitución o haya atentado gravemente contra el interés general. El Gobierno, con la mayoría absoluta del Senado, puede adoptar "las medidas necesarias" para "obligar" a la comunidad al "cumplimiento forzoso de sus obligaciones". Pero antes, y así se establece en la Carta Magna, Mariano Rajoy debe enviar un requerimiento. Es cierto que el presidente de la Generalitat ha sido avisado en varias ocasiones por el Gobierno central, pero se ha preferido hacerlo de nuevo para evitar errores de interpretación. Una vez que responda, y si hace caso omiso, será el Senado el que apruebe el conjunto de medidas que el Gobierno propone. Éstas pueden ser desde una intervención parcial de la Generalitat hasta la suspensión de cargos públicos.

El artículo no puede emplearse para modificar por la puerta de atrás ni la Constitución ni el Estatuto, de modo que no cabe anular el autogobierno de Cataluña. Se trataría de una intervención. La medida, además, debe ser temporal.

El problema que planteaba este artículo es que se debe generar una nueva legislación sobre la marcha, ya que no estaba desarrollada con una ley orgánica. El artículo 189 del reglamento funcionamiento del Senado explica que el Gobierno debe presentar una proposición clara con las actuaciones que tomaría, y están abiertas a enmiendas. Si se tramitase de modo exprés, se aprobaría en un plazo de tres días. El PP cuenta con la mayoría absoluta de la Cámara, pero ha sumado el apoyo claro del PSOE después de que su líder, Pedro Sánchez, consiguiese que Rajoy acepte negociar una reforma de la Constitución en un plazo de seis meses.

El día después de la declaración, Bruselas fue aún más clara respecto al objetivo de la Generalitat. Tras reunir al Colegio de Comisarios, el vicepresidente para el Euro y el Diálogo Social, Valdis Dombrovskis, explicó que confían en el presidente del Gobierno y no hizo ninguna mención al diálogo, como ocurrió en días anteriores. "La Comisión Europea sigue de cerca la situación de España y reitera su llamada anterior al respeto del orden constitucional español", insistió Dombrovskis.

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