Un mes más, el Pleno volvió ayer a aprobar una moción para instar a la Junta de Andalucía a que cumpla sus deberes con el CIO Mijas y a que haga frente a la deuda contraída con los trabajadores públicos sobre todo después de que hace apenas unas semanas el Tribunal Superior de Justicia (TSJA) y, posteriormente, el juzgado de lo Social Número 6 de Málaga señalara a esta administración como responsable subsidiaria del impago de los salarios a una de sus empleadas.

La situación en el centro se agrava aún más después de que se conociera la intención de Endesa de cortar por segunda vez el suministro de luz el próximo 22 de mayo si la Junta no hace frente al pago de las facturas atrasadas, que asciende a 5.478 euros, más otra cantidad en concepto de servicios, lo que en total supone una deuda de 8.868 euros, según sostiene uno de los liquidadores en una carta dirigida a los responsables de la Consejería de Empleo. "Si para la citada fecha no se ha hecho efectivo el pago y, como consecuencia de ello, se interrumpiere el suministro de luz, el centro quedaría en una grave situación de riesgo, con independencia del cuantioso importe del coste de la reanudación del servicio y la formalización de un nuevo contrato", señala.

Al mismo tiempo, alerta de que no ha sido posible abonar el recibo de la póliza de seguro que había concertada con Generali, con lo que afirma que a día de hoy el centro no cuenta con ningún tipo de seguro para cuestiones como roturas, robos o incendios. Esta situación pone en grave peligro a los empleados y al mantenimiento del edifico, sobre todo después de que la semana pasada los trabajadores denunciaran ante la Guardia Civil daños en varias puertas de acceso al hotel escuela, así como algunas de ellas se encontraban abiertas, la de la cocina y la del restaurándose, además de mobiliario y enseres cambiados de ubicación y revueltos. Por si fuera poco, el pasado mes de enero los empleados alertaron por primera vez de la presencia de un okupa en el hotel de la escuela.

Por último, el liquidador pone de manifiesto que la cuenta bancaria de la entidad cuenta en estos momentos con tan solo 173,16 euros. "Como ya hicimos en el citado Consejo, le reiteramos que esta situación no se hubiera producido y, lo que es más importante, se resolvería, si la otra administración consorciada (la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía), cumpliera con la obligación de hacer efectiva su aportación al presupuesto de las operaciones de liquidación", apunta. Los trabajadores, que acumulan 31 nóminas sin cobrar desde noviembre del 2015 siguen a la espera de una respuesta por parte de la Junta tras la última reunión del Consejo Rector que ponga fin a su situación. Aunque el tiempo corre en su contra, pronto serán 32 nóminas adeudadas.