El Pleno del Ayuntamiento de Torremolinos aprobó ayer una declaración institucional contra los ataques recibidos en redes sociales al colectivo LGTBI. En ella se reconoce el posicionamiento de las redes sociales, caso de Twitter y Facebook, "como espacio de referencia para que sus usuarios ejerzan el derecho a la libertad de expresión y comunicación, un derecho inalienable". "No obstante -señala la declaración-, no se trata de un derecho absoluto e ilimitado, pues no ampara el derecho al insulto, al desprestigio gratuito, a los comentarios lesivos o vejatorios para otras personas ni, mucho menos, las amenazas de violencia física o la incitación al odio", censura. "Debemos lamentar la utilización en los últimos tiempos de esos canales de comunicación para proferir amenazas, injurias y calumnias o llevar a cabo conductas de acoso e incitación al odio, en esta ocasión contra el Colectivo LGTBI", señala la declaración leída por el alcalde, José Ortiz.

La moción llega tras el comentario realizado hace unas semanas por el presidente del Partido Popular en la localidad, Pedro Fernández Montes, quien diferenció entre el "turismo gay de baja estofa" y el de "gays serios y formales", lo que motivó una serie de comentarios homófobos en las redes sociales y que más tarde se vio agravado por la polémica surgida en torno a los talleres de masturbación celebrados en Torremolinos.

Ante la persistencia y agravamiento de estos ataques hacia el colectivo LGTBI, la declaración expresa "su firme defensa de la libertad de expresión, también en las redes sociales; su condena a cualquier abuso de esta libertad en forma de atentado contra el derecho al honor, la intimidad personal y familiar o la propia imagen; su repulsa ante cualquier tipo de insulto, amenaza, injuria o calumnia, en las redes sociales u otros medios, contra cualquier persona y en particular, en esta ocasión, contra el colectivo LGTBI; y la firme defensa de los derechos sociales del colectivo LGTBI".

Por otro lado, el pleno instó una vez más al Ministerio de Fomento a que entregue al Ayuntamiento el proyecto de obra de accesibilidad de la estación de Cercanías de La Nogalera. "Para que se puedan licitar las obras de la estación, es preceptivo, es decir, obligatorio, un informe del Ayuntamiento sobre la conformidad con el proyecto, para el que dispone de un mes de plazo desde su recepción", recordó la concejala de Urbanismo, Maribel Tocón. Por último, también se aprobó con el voto de los diferentes grupos una moción del Partido Popular para instar a la Junta de Andalucía a ampliar el personal del Aula Específica de Educación Especial del colegio San Miguel con un monitor más para atender las necesidades de los alumnos de este centro.