El Ayuntamiento de Torremolinos deberá pagar 763.257 euros en condenas por acoso laboral a trabajadores municipales bajo el mandato del ex alcalde, Pedro Fernández Montes. Cifra que ascendería a más de un millón de euros teniendo en cuenta que algunas de las sentencias señalan que las arcas municipales deberán abonar además los salarios de los que fueron privados los empleados públicos en los casos de suspensión de empleo y sueldo.

La última sentencia se dio a conocer la semana pasada, en la que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 6 de Málaga condenaba al Consistorio al pago de 29.805 euros más 2.000 euros en costas por acoso laboral a una funcionaria por parte del ex regidor por presuntas discrepancias en torno a un precedimiento administrativo. En concreto, el juez llegó a señalar que "las dudas jurídicas que la secretaria general expuso sobre la venta de activos de la Sociedad Municipal para la gestión del agua en la que estaba interesado Fernández Montes, derivaron en un trato marginal y humillante que terminó en un castigo de 20 meses por el simple hecho de realizar su trabajo. Un aislamiento que privaba a la habilitada nacional de realizar su trabajo, denegando sus derechos, reduciendo sus medios materiales y recursos humanos". "Un proceso inquisitorial que terminó en maltrato y vejación profesional duradero y continuado a una habilitada nacional por parte del ex primer edil, y sus concejales de gobierno", continuaba en el escrito.

Pero lo cierto es que desde el año 2001 el Ayuntamiento de Torremolinos ha recibido hasta una quincena de sentencias condenatorias contra el anterior mandatario local por parte de algún trabajador municipal referentes a despidos, discriminación sindical o acoso laboral. Así, en octubre de 2016, el Consistorio era condenado a pagar 18.000 euros por daños morales a un trabajador por una merma de sus retribuciones y traslado y cambio de turno. En septiembre de ese mismo año un juez condenó al Ayuntamiento al pago de 58.509 euros y a la cantidad de otros 33.000 euros en concepto de daño moral por la suspensión de empleo y sueldo a un trabajador.

Un año antes, en 2015, las arcas municipales tuvieron que hacer frente a una condena de 240.000 euros por la actitud agresiva, opresiva y persecutoria" del Ayuntamiento cuando reclamaron mejoras materiales del servicio. En 2014, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número dos de Málaga condenó al Consistorio al pago de 22.900 euros a un empleado público por el trato discriminatorio sufrido desde 1999. También en 2014, recibió otra condena de 21.928 euros más lo dejado de percibir en base a sentencia por un decreto del alcalde en el año 2001 en el que se suspendía de empleo y suelo a un trabajador por una supuesta "desconsideración a la alcaldía". Entre otras sentencias recibidas con anterioridad.