El Ayuntamiento de Torremolinos ultima la redacción del Plan Municipal de la Vivienda y Suelo, que se pondrá en marcha en los próximos meses, según anunció ayer el concejal del ramo, Pedro Pérez. Dicho documento tiene como objetivo determinar la demanda local existente y el stock de viviendas en la localidad "con el objetivo de establecer una planificación de acciones a desarrollar para atender las necesidades básicas de los vecinos". Además, el documento recogerá las actuaciones necesarias para fomentar la conservación, mantenimiento y rehabilitación del parque de viviendas, así como otras medidas que sean necesarias para garantizar la efectividad del derecho a una vivienda digna y adecuada. "El objeto de esta iniciativa del Ayuntamiento es promover las condiciones necesarias para hacer efectivo el derecho a una vivienda digna y así poder mitigar una demanda tan necesaria en el municipio", señaló Pérez. Cabe recordar que la iniciativa fue aprobada por todos los grupos políticos en el Pleno ordinario celebrado en enero de 2016, tras lo que se inició la redacción del plan y un estudio para conocer el número de demandantes de VPO existentes en el municipio y su perfil, entre otros factores.

Al mismo tiempo, el edil recordó que aún continúa abierta la inscripción en el Registro Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Torremolinos ha puesto en marcha recientemente subvenciones destinadas al pago del alquiler o la cuota hipotecaria a familias en situación de exclusión social en el municipio. La ayuda cubrirá hasta el 40% de arrendamiento de la vivienda, que no podrá superar los 600 euros mensuales durante un máximo de doce mensualidades. El programa nace con un fondo global de 200.000 euros.

Además dispone desde el pasado septiembre de 2015, en colaboración con el Colegio de Abogados de Málaga, de un servicio de intermediación y asesoramiento en los desahucios por impagos de la renta de alquiler o hipoteca de la vivienda habitual. Este servicio, pionero en España, permite asesorar a aquellas familias que no pueden pagar su alquiler así como al propietario del inmueble, que también pueden ver comprometida su situación económica en caso de impago.