El juez ve indicios de delito en la contratación de altos cargos del PP en Marbella

  • Ha incoado diligencias previas por los presuntos delitos de prevaricación y de malversación de caudales públicos

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El Juzgado de Instrucción número 3 de Marbella ha incoado diligencias previas por un presunto delito de prevaricación y otro de malversación de caudales públicos en la contratación de doce cargos de confianza y alta dirección durante el anterior mandato del PP, según informó ayer el portavoz municipal, Javier Porcuna, tras la aprobación, en Junta de Gobierno Local, del traslado de la información que solicita este órgano judicial. Más concretamente, el Juzgado ha requerido cada uno de los expedientes de contratación de los doce trabajadores así como la copia de las sentencias de los juzgados de los social o del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) acordando su readmisión y los informes de la Asesoría Jurídica municipal de la contratación de dos de los empleados y del Consejo Consultivo de Andalucía referido a uno de ellos. "Entendemos que el juez va en el mismo sentido que la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento y el Área de Recursos Humanos de que podía existir algún delito en estas contrataciones", afirmó el edil.

En cuanto a los posibles responsables, si bien el juez no señala a nadie de momento y habla en el escrito de forma genérica refiriéndose a "quienes resulten responsables en el transcurso de la instrucción de la causa", el portavoz municipal asegura que "hay claros indicios que apuntan a la ex regidora, Ángeles Muñoz". "Sabemos quién ha firmado buena parte de los contratos, tanto en su condición de alcaldesa como en sus funciones de consejera delegada de determinadas sociedades, y esa es Ángeles Muñoz. A partir de ahí, quién resultará responsable eso lo determinará la investigación", incidió.

"Entre el primer escrito del fiscal y el del juzgado hay una diferencia clave"Javier PorcunaPortavoz municipal

Asimismo, cabe recordar que gran parte de los empleados contratados por el anterior ejecutivo local como cargos de confianza o de alta dirección lograron ser readmitidos en sus puestos tras ser cesados a la finalización del mandato y con motivo del cambio de gobierno después de que los tribunales les dieran la razón al considerar que sus despidos se realizaron en "fraude de ley". Otros trabajadores, por el contrario, optaron por percibir una indemnización y renunciar a sus puestos. En concreto, estas 12 contrataciones derivaron en dos indemnizaciones, dos acuerdos y ocho readmisiones a sus puestos de trabajo. El Ayuntamiento estimó en unos 400.000 euros el daño patrimonial que ha sufrido por esta situación. Por este motivo, el tripartito, entendió que ello suponía un perjuicio para el Ayuntamiento y, por ello, se dio cuenta de lo ocurrido a la Fiscalía tras obtener los perceptivos informes favorables de la asesoría jurídica.

El Ayuntamiento había convocó ayer la celebración de una Junta de Gobierno Extraordinaria en la que se iba a dar cuenta, precisamente, de un escrito del Fiscal Jefe del área de Marbella, con fecha de 16 de marzo de 2017, solicitando diversa información sobre el caso. Trámite que, según indicó Porcuna, coincidió con el documento del juzgado en el que se anuncia la incoación de las diligencias previas al percibir el titular del juzgado, Gonzalo Dívar, dos presuntos delitos. "Entre el primer escrito del Fiscal y el del juzgado hay una diferencia clave, que es que ya se incoan diligencias previas y se define presuntos delitos muy graves", apostilló.

El área de Recursos Humanos del Ayuntamiento, elaboró un informe en enero en el que ya alertaba de indicios de delitos de prevaricación, malversación y negociación irregular en la contratación de estos doce cargos de confianza. Entre algunas de las principales causas, según se detalló entonces, se encontraba el hecho de que los cargos de alta dirección carecían presuntamente de poderes en las empresas, que realizaban las acciones propias de las delegaciones del Consistorio y no de las empresas para la que habían sido contratados, o que incluso carecían de la titulación requerida.

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