La cárcel de Archidona se aproxima a la fecha fijada por el Gobierno central para su apertura parcial, anunciada para el próximo verano, sin que tenga garantizado el suministro de agua para cubrir todas las necesidades del enorme complejo penitenciario, que será el segundo en la provincia de Málaga. En concreto, la alcaldesa de Archidona, Mercedes Montero, vinculó la autorización municipal para que el recinto pueda recibir agua de la red municipal a la realización del demandado trasvase desde el pantano cordobés de Iznajar, que debe ser autorizado por el Gobierno central.

Un trasvase que mantiene abierto un enfrentamiento entre populares y socialistas, ya que los primeros aseguran que debe ser la Junta de Andalucía la que curse la petición y los segundos responsabilizan exclusivamente al Ejecutivo de Mario Rajoy.

Mientras tanto, Montero asegura que si este asunto sin resolver el municipio no puede garantizar que disponga de agua suficiente para abastecer a la localidad y al recinto penitenciario. "No es que no quiera, es que no tenemos ni para garantizar el suministro en el municipio", dijo Montero al ser preguntada por si autorizará el enganche de la red que se está construyendo en estos momentos desde la cárcel hasta el depósito del Llano.

La infraestructura está siendo ejecutada en estos momentos, junto a otros elementos necesarios como una descalcificadora y un sistema de filtración del agua potable. Además de su conexión a la red pública, el centro también cuenta con varios pozos propios, aunque los mismos no contarían con el caudal y la calidad necesarias para cubrir todas las necesidades del centro penitenciario, que se espera que pueda estar a pleno rendimiento en el año 2018.

De este modo, de no solucionarse este asunto, un nuevo problema se sumará a los muchos que ya han afectado a este proyecto, que tiene un coste estimado de 120 millones de euros y cuyas obras de construcción se finalizaron hace casi cinco años, sin que todavía funcione.