La juez mantiene que hay riesgo de fuga dada la gravedad de los hechos y las posibles penas a imponer, así como de destrucción de pruebas por las diligencias que aún quedan por practicar. Añade que el brote ha causado ya cuatro muertos, el último que se ha incluido es el del bebé de Écija, y concluye que la "actitud obstruccionista" de los investigados justifica la medida de prisión.

La juez ha admitido la personación de la Junta y el Ayuntamiento como perjudicados, pero hay afectados y defensas que reclaman que sean considerados responsables civiles subsidiarios.

Una vez incinerada la carne quedaron "restos" en los carros de horneado, por lo que se ordenó la "inmediata desinfección" de las instalaciones de Magrudis en el polígono industrial El Pino.

El asesor financiero de Magrudis niega que tuviera conocimiento del "enganche ilegal" de luz, aunque reconoce que Endesa impuso una multa que se pagó.

Descarta que haya riesgo de fuga, de destrucción de pruebas o de reiteración delictiva dado que se destruyó la carne almacenada en la nave y el producto afectado fue "retirado del mercado". La defensa de Sandro José critica la falta de "objetividad e imparcialidad" del atestado de la Guardia Civil y asegura que "nadie" del Ayuntamiento se interesó por el expediente cuando se solicitó la licencia de actividad mediante la "declaración responsable".

Dice la juez que la multitud de perjudicados y su personación individualizada está "generando graves problemas a efectos de garantizar una adecuada instrucción de la causa".

El doctor José Miguel Cisneros dice que la "innovadora" respuesta sanitaria redujo la mortalidad.

La Guardia Civil halló más de 17.000 euros en la casa del propietario de Magrudis y varios envases con carne de ‘La Mechá’ en el frigorífico. Un hijo del dueño envió un correo al alcalde presentándose como "un joven emprendedor".

Solicita que sea citada como investigada una responsable municipal y pide que el Consistorio sea considerado responsable civil subsidiario.

La juez instructora es ahora quien debe decidir si admite la personación puesto que varios afectados han reclamado que el Ayuntamiento sea responsable civil subsidirio.