El proyecto de mina contempla más de 5 kilómetros de rampas de acceso, 14 niveles de galerías y cámaras y una sala de trituración de mineral también subterránea. Los trámites para la Autorización Ambiental Unificada siguen al margen del proceso judicial.

El periodo de alegaciones estará abierto hasta el próximo 12 de noviembre. La empresa, que ha invertido más de 40 millones desde 2015, confía en tener los permisos a final de año. Sólo la construcción de las nuevas instalaciones necesarias supondrán otros 300.

La instructora recuerda que hay “indicios ciertos” de los delitos que se investigan en la adjudicación del concurso para la reapertura.

Los letrados e interventores de la Junta de Andalucía critican la utilización “espuria” que a su juicio se está haciendo del derecho Penal tras el procesamiento de 14 funcionarios públicos en la causa judicial abierta hace seis años por la adjudicación del concurso para la reapertura de la explotación minera de Aznalcóllar. La instrucción remota de Alaya en el caso Aznalcóllar.

La empresa perdedora del concurso de la mina denunció a funcionarios de la Junta, al ex secretario general y a dos funcionario de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG).

La magistrada reabrió la causa dos veces y ha forzado el procesamiento de 16 personas, en su mayor parte funcionarios y técnicos, por cuatro delitos que no ven ni la instructora ni la Fiscalía.

Aprecia ahora delitos de tráfico de influencias, fraude y malversación tras las resoluciones dictadas por la magistrada de la Audiencia Mercedes Alaya. Dice que los empresarios de Magtel tenían "influencia" sobre el secretario general de la Consejería, lo que propició un "influjo psíquico e inducción en cadena" que determinó la adjudicación.

Cinco organizaciones (Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF) reclaman a las administraciones contundencia para recuperar los 133,6 millones que debe a la Junta y al Estado. Sobre la reapertura de la mina, piden que se paralicen cautelarmente todas las tramitaciones administrativas en curso.

El alcalde afirma que, con una de las mayores tasas de paro de Andalucía, es "víctima de la lentitud de la Justicia" y "no aguanta más". Exige que el dinero que se recupere de la multinacional sueca revierta en el municipio y se agilicen permisos y trámites para la nueva adjudicataria.

La limpieza costó 89 millones de euros y todavía no se ha celebrado el juicio. La empresa sueca exige que en esta negociación entren los 43,7 millones que debe abonar el Estado. El Gobierno central se niega a hablar de una cantidad que ya está reconocida por sentencia firme.