'caso ere'

La juez Alaya asume la investigación de la compra de cocaína con fondos públicos

  • La instructora acuerda ampliar las pesquisas a las ayudas pequeñas y a las denegadas en el periodo 2001-2011, como reclamó Anticorrupción · Investiga ayudas al hermano de un ex presidente de la Junta.

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La juez Mercedes Alaya, que investiga las irregularidades en los ERE, ha asumido la investigación del supuesto pago con fondos públicos de cocaína, copas y fiestas, hechos que fueron denunciados por el ex chófer del ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Francisco Javier Guerrero en una reciente declaración ante la Policía. La titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha acordado ampliar las pesquisas a las ayudas a las pequeñas empresas y a las que fueron denegadas en el periodo 2001-2011 como pidió la Fiscalía Anticorrupción.

La juez ha dictado un nuevo auto en el que asume la investigación de las ayudas que percibió Juan Francisco Trujillo, ex chófer de Guerrero, una vez que los juzgados de Andújar (Jaén) se han inhibido ante el requerimiento realizado por el juzgado que investiga el fraude en los ERE. Esto significa que el próximo día 23, cuando Guerrero comparezca en el juzgado, la instructora podrá interrogarle sobre las ayudas concedidas por importe de 900.000 euros a empresas vinculadas a su ex chófer, Juan Francisco Trujillo, y sobre las revelaciones que hizo éste a la Policía. El antiguo conductor del director general aseguró que una parte del dinero se la entregó "en mano" a Guerrero y que la mayor parte se destinó a "comprar cocaína para su jefe y para él", así como en otros gastos para "ir de fiestas y copas".

La resolución de la magistrada acuerda de otro lado requerir a la Junta para que aporte la totalidad de los expedientes de ayudas a empresas, en los que se incluyan las destinadas a pequeñas empresas y las que fueron denegadas en el periodo 2001-2011, y ha acordado la práctica de una prueba pericial contable del IDEA centrada en las transferencias de financiación, para lo cual ha designado a dos peritos de la Intervención General de la Administración del Estado.

La Fiscalía Anticorrupción solicitó que se examine la totalidad de las ayudas y no sólo las de mayor cuantía, al poder relacionarse las de menor cuantía "a empresas ligadas de manera expresa o simulada, directa o indirectamente, a un mismo grupo de personas próximas o concertadas con los imputados e investigados en esta trama fraudulenta".

De hecho, el auto amplía la investigación a empresas de la Sierra Norte, vinculadas a José Enrique Rosendo, hijo del ex alcalde de El Pedroso (Sevilla) Rafael Rosendo, y a su ex socio José María Sayago. La instructora también incluye en las nuevas diligencias, por primera vez, a las sociedades vinculadas a Ángel Rodríguez de la Borbolla, ex alcalde de Cazalla de la Sierra y hermano del ex presidente de la Junta José Rodríguez de la Borbolla, como solicitó la propia Junta.

También se ha ampliado la investigación a otras ayudas a empresas del chófer de Javier Guerrero y a algunas de la Sierra Norte de Sevilla como Vivir el Barro, Refractario Andalucía y Refractarios de Guadalcanal. El auto de la juez Alaya ordena además recabar el auxilio de la Agencia Tributaria, como había solicitado la Fiscalía, y en relación a las actas de los consejos de Gobierno -cuya entrega provocó un conflicto de jurisdicción entre la Junta y la magistrada-, la resolución ofrece al más de medio centenar de abogados personados en la causa que puedan solicitar su consulta en la sede del juzgado.

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