Caso de los ere

Alaya retoma la causa de IDEA un año después de abrir la investigación

  • Imputados el ex consejero de Innovación Martín Soler, el ex viceconsejero Jesús Rodríguez Román, el ex director de IDEA Jacinto Cañete y el secretario general de Innovación Juan Francisco Sánchez García.

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La juez Mercedes Alaya ha dictado un nuevo auto que supone el inicio de la investigación de la causa que abrió hace más de un año, en enero pasado, en relación con las posibles irregularidades en los avales y préstamos concedidos por el IFA/IDEA entre 2008 y 2013. En el auto, la juez encarga un nuevo y amplio informe pericial a los expertos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que ha elaborado el dictamen de los ERE fraudulentos; así como la realización de un nuevo atestado por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil; reclama abundante documentación a la Junta; y por último, imputa en esta macrocausa a cuatro ex altos cargos, a los que atribuye delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos y que comparecerán entre el 5 y el 8 de mayo, coincidiendo con el inicio de la campaña electoral de las municipales. La imputación se produce, según explica Alaya, por la "activa participación que los mismos tendrían en el ejercicio de sus respectivos cargos en IDEA y en la Consejería de Innovación, en la ejecución de los hechos investigados".

Los imputados en la causa son el ex consejero de Innovación Martín Soler, el ex viceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román, el ex director general de IDEA Jacinto Cañete y el que fuera secretario general de la Consejería de Innovación Juan Francisco Sánchez García. Se trata de cuatro personas que también están imputadas en las diligencias abiertas por los ERE.

Fuentes del PP aseguran que la importancia de la causa consiste en que, a diferencia que en la investigación de los ERE,  respecto a los avales todas las ayudas concedidas de más de 1,2 millones de euros fueron aprobadas por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, constando dichos acuerdo publicados en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

En el nuevo auto, que tiene fecha del 24 de febrero, Alaya ordena la práctica de nuevas diligencias al objeto de dar "el adecuado impulso procesal" a la diligencias 545/2014, que se abrieron en enero del año pasado.

La primera de las diligencias que ha encargado la magistrada consiste en la elaboración de un amplio y exhaustivo informe pericial en el que Alaya reclama a los peritos –los mismos que hicieron el informe de los ERE- que se pronuncien, entre otros extremos, sobre si constituye un incumplimiento de la legalidad vigente, "generador de posible menoscabo de fondos públicos, la situación producida en IDEA en el ejercicio 2009 de superación del límite presupuestario en la concesión –por delegación del titular de la Consejería de Innovación- de créditos o avales a empresas relativas a este tipo de ayudas". Dice la juez que el artículo 29.5 del Presupuesto para ese ejercicio fijaba en 18 millones de euros el importe “máximo de avales” mientras que el total de los avales formalizados por la agencia IDEA en ejecución del encargo realizado por la Consejería de Innovación en dicho ejercicio ascendió a 71.284.198 euros, lo que cuadriplicaba el máximo fijado. Para ello, Alaya pide que se analice el acuerdo del Consejo de Gobierno del 14 de octubre de 2008 y las alegaciones que realizó el entonces director de IDEA Jacinto Cañete.

También reclama a los peritos que analicen la "naturaleza jurídica" de las ayudas e informen sobre el denominado "Fondo para la Reestructuración Financiera de las Empresas" y si el mismo constituye un "fondo de provisión por riesgo de avales vivos".

A los peritos solicita igualmente que informen sobre si las garantías prestadas por IDEA y las comprobaciones de la idoneidad de las mismas "fueron las necesarias para la concesión de dichas operaciones de crédito, o pudieron en algún caso encubrir meras liberalidades".

La juez quiere saber con este peritaje el montante de los fondos públicos "recuperados" y si se han realizado por la agencia las operaciones de comprobación necesarias para "acreditar la adecuada justificación, control y seguimiento de las ayudas de acuerdo con los artículos 26 y 27" de la orden de 5 de noviembre de 2008. Por último, la instructora pide a los peritos que definan el marco normativo comunitario y comprueben el requisito previo de autorización individual de las ayudas por parte de la Comisión Europea, "debiendo informarse sobre la autorización del régimen de ayudas por parte de la citada Comisión, y en su caso, sobre el alcance de la misma".

De otro lado, la juez ha dado un plazo de 20 días a la Junta de Andalucía para que aporte abundante documentación, entre la que destacan los expedientes de propuestas de acuerdo del Consejo de Gobierno, las actas de la comisión de Viceconsejeros previa a dicho Consejo de Gobierno del 14 de octubre de 2008, y el propio acuerdo del Consejo de Gobierno, así como los informes de cumplimiento y e cuentas anuales de IDEA realizados por la Intervención General de la Junta de Andalucía de los ejercicios 2008 a 2013, y los informes adicionales que se hayan efectuado en relación a estas ayudas con sus correspondientes documentos de remisión "a los diversos destinatarios".

A la agencia IDEA le reclama los préstamos y avales concedidos desde el 2008, así como que informe sobre "cuáles se reintegraron en periodo voluntario, cuáles fueron fallidos y si se ha iniciado procedimiento judicial, o proceso de recaudación por la Agencia Tributaria, debiendo distinguir ambos casos y cuáles han logrado reintegrarse, debiendo especificar finalmente el montante de fondos públicos recuperados de los préstamos y avales concedidos cada año".

En cuanto al atestado encargado a la UCO de la Guardia Civil, Alaya ha pedido a los agentes que analicen si existen "iniciales indicios de delito en las ayudas derivadas de la orden de 5/11/2008, entre otras razones por conceder en 2009 avales que superaban cuatro veces el techo presupuestario y por financiarse con transferencias de financiación de capital por parte de la Consejería de Innovación o por no perseguir el reintegro de las mismas mediante los servicios de recaudación de la Agencia Tributaria". También les pide que se pronuncien sobre si la "concesión o gestión ilícita puede o no extenderse a los avales y préstamos concedidos por la agencia IDEA con anterioridad a esta línea de ayudas y al margen del programa 31L de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía".

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