Condenado por intento de extorsión a una mujer que debía proteger

  • El hombre, policía en Almería, tenía asignada la custodia de la víctima por violencia de género

Un inspector jefe de la Policía Nacional, identificado con las iniciales E. M. A., ha sido condenado a diez meses de prisión por intentar extorsionar a una mujer, cuya custodia se le había encargado por estar acogida al programa de protección de la Unidad de Prevención, Asistencia y Protección de Víctimas de Violencia de Género de la Comisaría Provincial de Almería y contar con una orden cautelar de alejamiento contra el marido.

El fallo de la Audiencia Provincial considera probado que E. M. A. se prevalió "de forma torticera" de su cargo como funcionario público y de la relación personal entablada con la víctima durante el tiempo que duró el servicio para pedirle prestadas diversas cantidades de dinero de escasa cuantía, que ella le concedió de manera voluntaria hasta un total de 2.500 euros.

Pese a que el tribunal reconoce que el procesado al menos mantuvo el contacto con la mujer en el "ámbito estrictamente propio de las funciones encomendadas" durante las primeras semanas, luego sí que propició de forma intencionada una cierta familiaridad ella, que "prolongó incluso" una vez que cesó la orden de protección tras la absolución judicial del marido.

E.M.A. no comunicó este cambio de circunstancias a la mujer y mantuvo la relación hasta que a finales del año 2005 se enteró de que la mujer se disponía a vender la vivienda de su propiedad, por lo que aprovechó para pedirle otros 18.000 euros que, según le argumentó, necesitaba para pagar una deuda contraída en Vigo, su ciudad natal.

Cuando la mujer se negó, el agente le amenazó con prestar declaración en su contra durante el proceso civil de divorcio y custodia de los hijos. Según la sentencia, le aseguró que la decisión "dependía" de su informe, pese a lo que la mujer mantuvo su negativa y decidió interponer una denuncia.

El tribunal no considera, sin embargo, que E.M.A. consumase la extorsión por la que le impone diez meses de prisión frente a los once solicitados por el fiscal ya que, los 2.500 euros consignados no consta que fueran dados bajo coacción.

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