Una profunda decepción. Esto es lo que obtuvo ayer la Junta de la reunión que mantuvo en Madrid con el Gobierno sobre la oferta de empleo público docente para 2.389 plazas. La Consejería de Educación no sacó nada en claro del encuentro entre el viceconsejero Sebastián Cano y el director general de Coordinación de Competencias con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, Jaime Parrondo, porque el Ejecutivo central ni ha dado luz verde a la convocatoria ni ha anunciado que vaya a recurrirla. Esta indecisión fue criticada por el consejero de Educación, Francisco Álvarez de la Chica, que calificó la cita de "corta, cordial y muy poco útil".

El mismo presidente del Gobierno autonómico, José Antonio Griñán, se refirió a la reunión, insistiendo en que Andalucía "necesita esas oposiciones". Y sobre la posición de la Administración central lamentó que "si se va con una posición predeterminada no se puede negociar". Griñán aseguró que su Gabinete está abierto a la negociación porque en educación "es lo único en lo que no podemos recortar".

Los representantes del Gobierno central se limitaron en la reunión de ayer, según reveló Álvarez de la Chica, a escuchar las "razones que fundamentan" la convocatoria de empleo público docente hecha por la Junta. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas "no ha puesto encima de la mesa fundamentos jurídicos de discrepancia ni informes jurídicos de ningún tipo". Esta actitud impide saber al Ejecutivo andaluz qué pretende el Gobierno: si tiene intención de dar luz verde a la convocatoria tal cual está, si va a reducir el número de plazas ofertadas en aplicación de la tasa de reposición del 10% o si va a recurrirla, como anunció en un principio.

"Cuarenta y dos días después de que publicásemos la oferta en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), nos hubiera gustado que nos trasladasen el acuerdo o el desacuerdo respecto a las oposiciones. Es decir, si van a recurrirlas y sobre qué fundamentos jurídicos, si las van a recortar y sobre qué fundamentos jurídicos o si las aceptan definitivamente", recalcó Álvarez de la Chica, que insistió en que los más perjudicados por esta situación siguen siendo "las decenas de miles de personas" que se están preparando para este proceso selectivo y que continuarán con una "gran incertidumbre".

Por su parte, desde el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas se defendió su posición explicando que, pese a que aún no se ha tomado ninguna decisión sobre las oposiciones andaluzas, la negociación con la comunidad continúa en marcha y "estamos abiertos al diálogo".