El Gobierno no sabe qué hacer con la energía termosolar

  • En cinco meses ha cambiado dos veces las normas sobre tarifas primadas · El sector se queja de una "absoluta indefensión jurídica" ante el nuevo bandazo administrativo

El Gobierno ha hecho honor a su gusto por la improvisación con un nuevo bandazo en una de las apuestas preferidas de su presidente: las energías renovables. La avalancha de solicitudes para cobrar una tarifa primada por las plantas termosolares ha desbordado todas las expectativas del Ministerio de Industria y después de cambiar en mayo la normativa aprobada en 2007, acaba de rectificar su decisión de primavera. Ha aprovechado la aprobación en el Senado de una ley sobre mercado inmobiliario para derogar los criterios publicados el 7 de mayo en el Boletín Oficial y modificar parte de la normativa de 2007. El secretario de Estado de Energía, Pedro Luis Marín, se ha reunido con representantes del sector a los que ha prometido un nuevo decreto ministerial con las nuevas reglas de juego, que tardará varios meses.

En Andalucía, las inversiones previstas por las 72 empresas agrupadas en la Asociación de Promotores y Productores de Energías Renovables de Andalucía (Aprean) ronda los 8.000 millones de euros, para todo tipo de energías limpias, de ellos casi 3.000 millones sólo en termosolar. Además de la "absoluta inseguridad jurídica" en la que se queda esta industria, según la opinión de directivos de varias compañías consultados por este diario, las empresas temen que las entidades financieras paralicen sus créditos y se pare uno de los pocos sectores que mantenía una actividad creciente a pesar de la crisis. Cada planta termosolar supone el equivalente a 10.000 empleos al año durante su construcción y 50 para su operación y mantenimiento. Según la patronal Protermosolar "las 30 plantas que se encontraban en construcción en España suponen 300.000 empleos al año".

Carlos Rojo, secretario de Aprean, expresó la "indignación" de las empresas por una medida que no entienden: "no hay sector en España que pueda desarrollarse con un cambio de normativa cada cinco meses". En el mismo sentido se ha manifestado la asociación nacional Protermosolar, con sede en Sevilla. Los promotores de centrales termosolares estudian presentar demandas de responsabilidad patrimonial contra el Estado por los perjuicios que implicará la derogación del registro de preasignación de las energías renovables, si no se rectifica esta decisión del Senado en el Congreso el 22 de octubre. El presidente de Protermosolar, Valeriano Ruiz, considera el cambio legislativo "un escándalo".

En el decreto 6/2009 de 30 de abril el Gobierno reconocía que el sistema retributivo para las energías renovables es insostenible. O sea, que se equivocó cuando fijó las primas para este sector. Añadía que garantizaba la seguridad jurídica de quienes hubiesen realizado inversiones, pero sólo si cumplían unos requisitos muy precisos. Lejos de desanimarse, los promotores han enviado al Ministerio desde entonces solicitudes para construir plantas termosolares con una capacidad de 4.300 megavatios (MW), cuando en su Plan de Energías Renovables el Gobierno había previsto primas sólo para los primeros 500 MW. Pero en su decreto de abril el Gobierno se obligaba a pagar la prima para todos los que cumpliesen los requisitos, con lo que tendría que multiplicar por cinco o quizá por diez, la subvención sobre unas previsiones iniciales erróneas. Fuentes de la patronal del sector informan que ya hay en construcción plantas con capacidad para más de 1.500 MW.

De hecho, las normas aprobadas por el Gobierno, por improvisación o impericia, eran una invitación al conflicto. Una planta termosolar para producir 50 MW cuesta una inversión de 250 millones a 340 millones de euros, según tenga o no almacenamiento de calor para continuar trabajando en las horas nubladas. Con desembolsos tan cuantiosos no se puede pedir a una empresa que empiece a invertir sin saber qué prima tendrá al final, porque desconoce si estará entre los primeros 500 o no.

Varios expertos consultados apuntan que habría sido más razonable establecer un régimen preciso de tarifa y potencia con concesiones cerradas antes de que empezaran las inversiones. La prima que ahora está en el aire es de 271 euros por MW hora durante 25 años, lo que significa que una planta de 50 MW puede acumular una subvención de 750 millones de euros. Si se llegasen a construir las 86 plantas cuya documentación ha llegado al Ministerio, supondría una prima global de 65.000 millones de euros. Esta ayuda no la paga la administración, sino los consumidores en su factura. Aparte de las primas, los productores también cobran la tarifa que pague el pool eléctrico a los suministradores: que en los últimos cinco años ha sido de media 60 euros por MW.

Se da la circunstancia de que un cambio legal tan trascendente se ha producido en el Senado, con enmiendas a la Ley de Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión al Mercado Inmobiliario, que nada tiene que ver con las energías renovables. La iniciativa de CiU fue votada por todos los grupos menos el PP, que se abstuvo.

Las inversiones en energías renovables son caras. En fotovoltáica es de 3,8 millones euros por MW; en termosolar de 5 a 6,8 millones, según tengan o no almacenamiento, y en eólica de 1,3 millones por MW. En fotovoltaica, la producción media anual en España está en 1.500 horas, mientras que en termosolar sin almacenamiento llega a 2.200 horas y con almacenamiento alcanza las 3.500 horas.

Desde la Administración, de manera oficiosa, se dice que este es un sector al que han acudido operadores no profesionales con intenciones claramente especulativas: hacerse con los permisos de explotación de una central con una alta prima para venderlos después. En todo caso, el Gobierno propuso a los promotores fuertes incentivos para cumplir con los desafíos medioambientales de la Unión Europea: el objetivo 20, 20, 20 para 2020. Un ahorro energético del 20%, una reducción de emisiones de gases efecto invernadero del 20% y una producción de energía primaria de origen renovable del 20% del total, para dentro de once años. La meta está clara, pero el Gobierno lleva un trayecto impreciso que tiene atónito al sector.

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