Indemnizan a un hombre que estuvo tres años preso por tráfico de drogas

La Audiencia Nacional ha reconocido a un joven colombiano absuelto de pertenecer a una red internacional de tráfico de cocaína a percibir una indemnización de 12.000 euros por parte del Estado por «funcionamiento anormal» de la Administración de Justicia, que dilató casi ocho años su procesamiento junto a otros 16 encausados y determinó «en parte» la prolongación de su situación de prisión provisional, régimen en el que permaneció dos años y ocho meses. La sentencia de la sala de lo contencioso-administrativo rebaja al mínimo la reparación económica solicitada por el letrado de J.C.E. y que ascendía a 300.000 euros al considerar que éste, según el fallo de la Audiencia Provincial de Almería dictado en 2002, «no estaba absolutamente desconectado de los hechos delictivos que se le imputaban sino que su absolución se debió a la falta de prueba suficiente para enervar la presunción de inocencia».

El joven colombiano fue procesado, tras ser detenido en el aeropuerto de Barajas en 1996 junto a otras 16 personas, entre ellas varios empresarios, tres mujeres y un guardia civil contra el que finalmente el fiscal retiró los cargos, para las que se solicitaba un total de 87 años de prisión por pertenencia a una red internacional de tráfico de cocaína que abastecía a distribuidores al menudeo en la comarca del Poniente almeriense.

El magistrado-ponente José Luis Terrero considera, sin embargo, que no ha quedado acreditada la relación de causalidad entre la larga duración enjuiciamiento penal de J.C.E. y la denegación del permiso de trabajo y residencia por lo que desestima indemnizar por daños y perjuicios derivados de la citada resolución. La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Almería impuso penas que sumaron apenas 26,5 años de prisión para once de los 17 procesados por su presunta pertenencia a la red de tráfico de cocaína que operaba en la comarca del Poniente almeriense en verano de 1995. Las detenciones de los implicados se produjeron en dos operaciones llevadas a cabo en los municipios de Vera y Roquetas de Mar.

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