Junta y Gobierno vuelven a enzarzarse por la financiación

  • Montero lo fía todo a la promesa de Rajoy de solventar el pago de la liquidación de 2013 y Sanz le dice que rechazó un fraccionamiento

Hace justo una semana que se hizo pública la liquidación definitiva de la financiación autonómica de 2013. A la Junta de Andalucía le salió a pagar. Exactamente 265,27 millones de euros que deben salir de los presupuestos de 2015, pero que la Administración autonómica no está por la labor de abonar en un solo pago. Lo dijo el martes el portavoz del Ejecutivo andaluz, Miguel Ángel Vázquez, en la comparecencia tras la reunión del Consejo de Gobierno; y lo repitió ayer la consejera de Hacienda y Administración Pública María Jesús Montero, tras anunciar un acuerdo con los sindicatos.

Lo más llamativo es que los dos miembros del Ejecutivo que preside Susana Díaz se pusieron en manos de Mariano Rajoy para solucionar el problema. Tanto Montero como Vázquez aludieron a una promesa que hizo el presidente del Gobierno a su homóloga andaluza en una reunión que mantuvieron a finales de año. Según relató Díaz tras el encuentro, Rajoy le prometió que hablaría con Cristóbal Montoro para que solventase el problema de la deuda andaluza.

"Si incumple su palabra, tendrá que dar explicaciones a los andaluces", declaró ayer la consejera, que recordó que, de momento, la Junta no ha recibido comunicación oficial de la cantidad a pagar después de la reunión Comité de Política Fiscal y Financiera de la semana pasada. Montero también exigió a Madrid razones que expliquen por qué Andalucía debe pagar si "la liquidación es de 1.765 millones de reparto". La consejera de Hacienda aseguró que la decisión de la Junta no se sabrá hasta que no tengan toda la información que creen necesaria y apostó por una devolución fraccionada.

Eso es precisamente lo que rechazó la Junta de Andalucía el pasado diciembre, indicó ayer en Huelva el delegado del Gobierno, Antonio Sanz. Fuentes del organismo explicaron que la Administración andaluza pudo acogerse al pago fraccionado en 10 años -sin interés durante los tres primeros- hasta el pasado 19 de febrero, tal y como hicieron otras comunidades como Aragón o La Rioja. Como era de esperar en este episodio de dimes y diretes, la Junta negó después la mayor en un comunicado de la consejera de Hacienda y Administración Pública. Seguramente no haya que esperar mucho para el próximo capítulo.

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