La Junta controlará el pago de la ayuda a domicilio en los ayuntamientos

  • Igualdad ha detectado que el impago a los trabajadores es un "hecho generalizado"

La Junta controlará a partir del próximo año la gestión que los ayuntamientos realizan de los fondos transferidos para el pago de la ayuda a domicilio, después de advertir que el impago de los consistorios a los trabajadores de este servicio previsto en la Ley de la Dependencia es un "hecho generalizado". La Consejería de Igualdad y Bienestar Social trabaja en una orden, que se aplicará a partir del 1 de enero de 2011, y por la cual la Administración se proveerá de mecanismos para garantizar el pago de sus servicios a los trabajadores de la ayuda a domicilio en Andalucía.

La fórmula para blindar esta garantía se encuentra en fase de estudio con los ayuntamientos y la pretensión es que, además de comprobar el certificado que manda la intervención, se cree una caja exclusiva para estos fondos, vinculando el abono del mismo por parte de la Junta a que se acredite el pago de las nóminas de los trabajadores.

La Junta acaba de firmar con los ayuntamientos que tienen conveniada la prestación de la ayuda a domicilio -municipios de más de 20.000 habitantes o diputaciones provinciales para los de menor tamaño- la transferencia de fondos para este segundo semestre de 2010, que asciende a 136,4 millones de euros. La Administración andaluza es la única en España que transfiere con seis meses de adelanto estos fondos con el objetivo de que los munícipes no tengan que detraerlos de las arcas generales. Desde 2008 a 2010, la Junta ha invertido en la financiación de la ayuda a domicilio 578 millones de euros.

El servicio de ayuda a domicilio es una de las prestaciones reconocidas en la Ley de Dependencia de la que actualmente se benefician 41.106 personas en Andalucía, lo que representa el 52% de todas las prestaciones de este servicio concedidas en España. Además, esta prestación es compatible en Andalucía con otros servicios como el centro de día o la teleasistencia.

La consejera de Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro, ha garantizado que las medidas de reajuste llevas a cabo por el Ejecutivo andaluz para hacer frente a la crisis económica "no supondrán en modo alguno un obstáculo para el desarrollo de la Ley de la Dependencia en Andalucía". El Gobierno andaluz "prioriza por encima de cualquier otra cosa las políticas sociales, ya sean sanitarias, educativas o relativas a la Ley de la Dependencia, porque todo lo que sea atención a las personas no puede esperar", ha insistido Navarro.

Según la consejera, "no sólo no se ha frenado el desarrollo de la Ley de la Dependencia, sino que va creciendo día a día de forma muy considerable en número de persona atendida y prestaciones". Andalucía atiende ahora mismo a las mismas personas dependientes que las comunidades de Madrid, Valencia, Murcia, Castilla y León y La Rioja juntas. La partida económica destinada en los Presupuestos Generales de la comunidad autónoma para 2011 a la financiación de la Ley de la Dependencia "seguirá creciendo" - ha asegurado Navarro- desde los 790 millones de euros consignados este año, dado que siguiendo el calendario de la aplicación de la Ley hasta 2014, en 2011 entra en vigor un nuevo grado, concretamente, el Grado I en nivel II, del que se beneficiaran unas 40.000 personas en Andalucía, según las estimaciones iniciales.

CCOO calificó de "perfecta" la propuesta de Igualdad y Bienestar Social de crear una caja única para los fondos destinados a la ayuda a domicilio que la Junta transfiere a los ayuntamientos, ya que de este modo el servicio "puede seguir adelante" y se paga "el derecho que tienen los ciudadanos a la asistencia a la dependencia".

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