La Junta deposita en el juzgado que investiga el caso ERE las actas del Consejo de Gobierno

  • La juez Alaya recibe los documentos, entregados en 11 sobres lacrados. Serán custodiados con vigilancia personal y cámaras de seguridad.

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Las actas de los Consejos de Gobierno de la Junta de Andalucía que ha pedido la juez que investiga los ERE irregulares han sido entregadas este jueves a la magistrada, en presencia del decano de los jueces y del comandante de la Guardia Civil encargado de la seguridad de los juzgados sevillanos. Un representante de la Junta ha entregado las actas a las 14:30 en el edificio del Juzgado de Guardia, donde ha esquivado a los numerosos fotógrafos de prensa y cámaras de televisión que esperaban a la puerta. 

Las actas han quedado depositadas en un armario acorazado con vigilancia personal y de cámaras permanente, en un acto al que han asistido la juez instructora, Mercedes Alaya; el juez decano de Sevilla, Federico Jiménez Ballester, y el comandante de la Guardia Civil encargado de la vigilancia de los edificios judiciales sevillanos. Jiménez Ballester ha informado de que las 480 actas se guardarán en un lugar "absolutamente seguro, con custodia permanente de medios materiales y personales", aunque no ha precisado más datos por los mismos motivos de seguridad. 

Un portavoz de la Junta de Andalucía ha mostrado su satisfacción por el método de custodia por parte de la Guardia Civil y ha precisado que las actas de los Consejos de Gobierno de los últimos diez años se han trasladado a los juzgados de Sevilla en once sobres lacrados y diligenciados por funcionarios de las secretarías del Gobierno. El objetivo de la Junta respecto al traslado de las actas era reforzar la seguridad de los juzgados con medidas especiales, ya que "entendemos que estos documentos, de máxima importancia, deben tener la máxima seguridad", según las fuentes. 

La juez que investiga los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) presuntamente fraudulentos había dado a la Junta un plazo de 72 horas para entregar estas actas, bajo la advertencia de incurrir en un delito de desobediencia. Mercedes Alaya se encuentra a la espera de que las partes se pronuncien sobre el conflicto de jurisdicción que la Junta quiere plantear ante el Tribunal Supremo, pues entiende que el contenido de esas actas es reservado. Alaya quiere conocer si los Consejos de Gobierno adoptaron algún acuerdo o conocieron alguna decisión relativa al fondo con el que se financiaron los expedientes irregulares. En su investigación interna, la Junta ha identificado un total de 183 irregularidades, de las que 111 define como "discordancias administrativas" y 72 "intrusos" o personas que nunca trabajaron en las empresas beneficiadas. 

La juez, por otra parte, ha pedido a la Junta un funcionario de refuerzo que apoye la tramitación de los tres sumarios de gran volumen que investiga: los ERE de la Junta, los cuatro sumarios en que se encuentra desgajado el caso Mercasevilla y la investigación sobre el delito societario del ex máximo accionista del Real Betis Manuel Ruiz de Lopera. Dicha petición fue entregada el pasado 31 de marzo a la Delegación de la Consejería de Justicia en Sevilla y aún no ha recibido respuesta, han indicado fuentes del caso. Alaya ya fue eximida la semana pasada por la Junta de Jueces de Sevilla del reparto de nuevos asuntos penales durante seis meses, dado el volumen de los que ya tramita.

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