ESPERANZA Aguirre se enorgullece de que la riqueza de Madrid, medida en términos de renta per cápita, haya superado a la media francesa y alemana. Del villorrio manchego al cielo. El dato aireado por la presidenta de la Comunidad cifra el vertiginoso avance del área metropolitana madrileña: ya no es la capital de uno de los países más pobres de la vieja Europa, sino una de las ciudades más dinámicas de ésta, aunque la comparación correcta debería haberse establecido con Hamburgo, con la región de París o con el área metropolitana de Londres. Pero incluso así, esto es cierto: Madrid está entre las tres o cuatro primeras capitales europeas, y en su área se han residenciado las mejores compañías del país aunque su procedencia sea foránea; es el caso de los primeros bancos españoles, el BBVA y el Santander, aún más brillantes en el empozoñamiento financiero mundial.

Las dos legislaturas de José María Aznar supusieron el espaldarazo definitivo a Madrid, cuyos dirigentes locales se venían quejando desde hacía tiempo del déficit de infraestructuras que estrangulaba a la capital del Reino. Hoy Barajas es uno de los aeropuertos con más capacidad de Europa, Atocha y Chamartín bombean trenes de alta velocidad a medio país y la estrecha M-40 ha sido superada por nuevos anillos, autopistas radiales, túneles y una red de Metro tan extensa y minuciosa como un trasmallo.

Los gobiernos de Aznar se volcaron con Madrid. Sí, entre el año 1997 y 2003, de cada diez pesetas que el Gobierno invertía en España, dos iban a Madrid. En 1999, esta comunidad uniprovincial copó el 30% de la inversión pública de los ministerios, como se aprecia en el gráfico adjunto, elaborado con los datos de los Presupuestos Generales del Estado. Se trata de la inversión de la administración central distribuida por comunidades, no de la financiación que recibe cada autonomía: esto es, lo que invierten los ministerios de Fomento y Medio Ambiente, que son los que realmente cuentan con capacidad inversora.

Tan cierto como que Madrid necesitaba un cambio, es que los gobiernos del PP primaron a esta ciudad-región con una inversión extraordinaria a costa, siempre es así- de otras regiones. ¿De cuáles? Andalucía, por ejemplo.

Durante los años 1997 y 1998, la inversión estatal en Andalucía no traspasó los diez puntos, a pesar de que la población andaluza supone el 17,8% de la totalidad del país. Es decir, que de cada diez pesetas que el Gobierno invirtió en 1997, ni siquiera una rubia completa llegó a nuestra región, y eso que somos bastantes más.

El buen nacionalista periférico odia a Madrid, la diana de sus rencores. Ya saben, ellos creen que España es como una campana: hueca en su interior, desiertas las Castillas, y el badajo madrileño en el centro tronando contra la periferia. Bueno, tampoco es para ir de Arzallus y residenciar en Madrid no sólo al huido BBVA de los Neguris y Las Arenas, sino además a la esencia del mal español: políticos corruptos, empresarios vampirizantes, barrios de malas costumbres y gentes desarraigadas que respiran el hedor de las cañerías del Estado. Que no, que no es eso, sino que Madrid fue la gran beneficiada, como antes también lo fueron Barcelona y Bilbao. Aunque a esta aseveración habría que añadir numerosos matices, es cierto que, en contra de lo que se vocifera desde el púlpito madrileño, Cataluña no ha sido la gran receptora de la inversión de las dos últimas décadas. Su total -véase el gráfico- siempre estuvo cerca del peso de su población, pero no era esta comunidad, sino Madrid, quien se llevaba el tercio del pastel.

De esto se han venido quejando los políticos catalanes de Convergencia y del PSC. De que soportaban la tacha de fenicios negociantes -al púlpito mesetario lo oye todo el país- al mismo tiempo que el Estado les trataba tan mal que se fue acumulando lo que Pujol llamó déficit de infraestructuras. Bien es cierto que los presidentes de la Generalitat siempre han obtenido unos extras en los últimos días de negociación de los Presupuestos del Estado (PGE), especialmente, como es el caso, cuando el Gobierno necesita de la muleta convergente para aprobarlos.

Un ejemplo de esto son los PGE del año 2009, de los que esta semana hemos conocido su proyecto de ley. Cataluña recibe algo menos que los 4.410,94 millones de euros que el Estado invertirá en Andalucía, aunque gracias a su Estatuto se le compensará con un plus de 707 millones de euros debido a los peajes de sus autopistas y a otros "proyectos pendientes de determinar". En definitiva, que los ministerios van a invertir más en Cataluña que en Andalucía.

A pesar de ello, la posición de Andalucía ha mejorado de forma considerable. En 2009, el Estado invertirá los citados 4.410 millones de euros en seguir con sus grandes obras en la comunidad, una cifra exactamente equivalente al peso de la población andaluza en el conjunto de España, el 17,8% según el censo de referencia del año 2006. Aunque el nuevo Estatuto no gozó de una gran audiencia -apenas fue a votarlo el 52 por ciento del censo-, aporta grandes virtudes como ésta de asegurar por ley que la inversión estatal sea proporcional al peso de la población. No es menos verdad que el Gobierno puede saltarse este mandato estatutario, como viene ocurriendo históricamente con la deuda histórica, pero de momento los Ejecutivos de Rodríguez Zapatero han tratado a Andalucía mejor que lo hicieron los de Aznar. Y no sólo por este mandato estatutario; en los años anteriores a su aprobación también ocurrió: Magdalena Álvarez mira mejor a Andalucía que Cascos, aunque sea igual de bronca.