Miguel Montes Neiro, que asegura ser el preso común más antiguo de España y al que el Gobierno le concedió recientemente un indulto parcial, ha decidido iniciar una huelga de hambre, la cuarta que comenzaría en prisión, para denunciar el retraso en su esperada puesta en libertad.

Así lo han manifestado su hermana, Encarnación Montes, y su abogado, Félix Angel Martín, quienes han lamentado la demora que acumula la revisión de las condenas del reo ordenada por el Tribunal Supremo, que tiene que hacer la Audiencia de Granada, y la publicación en el BOE del indulto concedido el 16 de diciembre. Según han explicado, ante esta situación el preso les ha comunicado su intención de iniciar una nueva huelga de hambre, que se sumaría a las otras tres que ya emprendió con anterioridad durante su estancia en prisión.

El anuncio de esta huelga coincide con la reciente notificación de respuesta por parte del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria a una petición formulada por el letrado del preso hace varios meses para que se le computaran los días que había estado en la cárcel cumpliendo prisión provisional. En ese escrito, según ha precisado su abogado, Vigilancia Penitenciaria se remite a la Audiencia de Granada, a la que el Tribunal Supremo ya ordenó que volviera a revisar las diferentes condenas que cumple Montes Neiro. Encarnación Montes tiene previsto asimismo reunirse con su hermano para pedirle que desista de iniciar una acción de protesta como la huelga de hambre que sólo contribuiría a empeorar su estado de salud.

Por su parte, fuentes de la dirección de la prisión de Albolote (Granada) han precisado que no hay constancia de que el preso haya comenzado la huelga de hambre y que tampoco existe ninguna novedad en su situación penitenciaria. La protesta se produciría además después de que la Junta de Tratamiento de la prisión denegara la semana pasada la petición hecha por su letrado para que pudiera pasar lo que restaba de las fiestas navideñas con su familia. Según fuentes penitenciarias, la solicitud fue rechazada por unanimidad al no concurrir ninguno de los supuestos legalmente establecidos en el artículo 155 del reglamento penitenciario, que establece los casos en los que es posible la concesión de permisos extraordinarios.