Piden al juez que investigue al clan de los Romanones como secta

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La Red de Prevención del Sectarismo y del Abuso de Debilidad (Redune) solicitó ayer en el Juzgado de Instrucción número 4 de la capital, que investiga el caso Romanones, su personación en la causa como acusación popular, al apreciar posibles "rasgos sectarios" en el grupo de sacerdotes imputados por los presuntos abusos sexuales a menores.

En declaraciones a esta redacción, el abogado de Redune, Jorge Luis Sánchez Medina, informó de que ayer por la mañana formalizó la petición de personación en el órgano que dirige el juez Antonio Moreno, que ahora deberá decidir si acepta o no que sea parte en el proceso.

El letrado explicó que solicitó, mediante la interposición de una querella, que Redune sea parte, así como que se amplíen las diligencias para investigar si ha podido cometerse también un delito de asociación ilícita. Entiende que de lo publicado hasta la fecha por los medios de comunicación sobre la declaración del primer denunciante, bautizado con el nombre ficticio de Daniel, se aprecian "rasgos típicos de las sectas".

El letrado se refirió así a "la intensificación de emociones positivas y negativas" que habría sufrido la víctima por el supuesto comportamiento que mantuvieron los principales imputados con él mientras convivió con ellos en la casa parroquial.

Felaciones, exhibición de películas pornográficas, masajes y hasta un intento de penetración anal son las conductas atribuidas por el denunciante a algunos de los integrantes del grupo de religiosos. El número de imputados en la causa asciende ya a 12 personas, entre las que hay 10 curas y dos seglares, según recogía el auto dictado por el magistrado instructor para acordar el levantamiento del secreto de sumario la semana pasada.

En un principio, y a falta de lo que se determine durante la instrucción, el juez apreció indicios de distintos delitos contra la libertad e indemnidad sexuales (abusos sexuales, agresión sexual y exhibicionismo) y requirió a las partes personadas para que en un plazo de 10 días hábiles informasen sobre la posible pescripción de algunos o todos los ilícitos.

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