Poco antes de las 8:00 de ayer la Guardia Civil llegaba a la Diputación Provincial e impedía el paso de los funcionarios a sus puestos de trabajo. La calle Fernando el Católico se llenaba de vehículos del Instituto Armado para proceder a registrar la institución provincial; en Pescadería, en la sede central del Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE), se repetía la imagen. Pasadas las 14:00 culminaba el registro en la Diputación; en los coches de la Policía Judicial, varias cajas presumiblemente llenas de papeles para la investigación de un presunto fraude en ayudas y subvenciones públicas. En concreto por el uso de los fondos del Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA), a través del cual se ejecutan pequeñas obras en los municipios con la contratación de personal eventual y en cuya financiación y gestión colaboran todas las administraciones (estatal, andaluza y local).

Una denuncia por la contratación de un concejal socialista en Tharsis y por la compra de materiales para el PFEA en la localidad parecen ser el germen del llamativo registro que la Guardia Civil efectuó ayer en ambas sedes administrativas. Según informó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, la investigación que se ejecuta por orden judicial (y que está bajo secreto de sumario) se inició hace aproximadamente un año a raíz de la denuncia de dos ciudadanos particulares al respecto. El Juzgado de Instrucción número 2 de Valverde del Camino trata de determinar si se han podido llevar a cabo contrataciones de forma irregular con cargo a ayudas y subvenciones públicas y si éstas se han podido destinar a otros fines más allá de los estipulados por la ley. La lista de delitos que podrían haberse cometido en los procedimientos investigados es larga: prevaricación, tráfico de influencias, falsedad documental, malversación de caudales públicos, fraude en la contratación y desvío de subvenciones.

Con la investigación bajo secreto, poco más se confirmaba desde instancias judiciales. No obstante, la denuncia inicial coincide en tiempo y contenido con la formulada por un vecino de Alosno tras quedar fuera de un proceso de selección para ocupar el puesto de encargado de obra en una actuación del PFEA en Tharsis. Hace dos años Francisco Gómez, un obrero alosnero en paro, denunciaba públicamente a Huelva Información la contratación de un psicólogo como encargado de obra en una actuación de pavimentación de calles y de construcción de un edificio en Tharsis. El contratado, señalaba Gómez, no sólo no tenía experiencia alguna en el puesto, sino que era concejal socialista en Alosno. Pero el jefe de obra no pudo defender su candidatura frente a la del edil porque, según aseguraba, no había recibido la llamada del Servicio Andaluz de Empleo para que se presentase al proceso de selección. Tras denunciarlo ante la Administración, decidió llevar su caso al juzgado, mientras otro particular denunciaba la compra de materiales para las obras.

El Programa de Fomento del Empleo Agrario se desarrolla de forma conjunta entre el Gobierno central, la Junta y la Diputación Provincial. En el plan de 2012, al que se refiere la denuncia, el Estado aportaba 12,2 millones de euros de un total de 17,1, destinados a la contratación de la mano de obra. El resto, financiado por las otras dos administraciones, son para materiales. En el caso de municipios con deudas con la Seguridad Social o Hacienda la gestión de las obras corría a cargo de la Diputación Provincial; ese era el caso de Tharsis y su actuación sobre las calles y de construcción de un edificio.

El proceso de selección de los candidatos para el puesto de encargado de esa obra corrió a cargo del Servicio Andaluz de Empleo (Junta de Andalucía). El SAE propuso a dos personas de su lista de demandantes de empleo para el trabajo: uno fue el concejal socialista Miguel Ángel Barreiro y el otro Francisco Gómez. Sin embargo, aseguraba Gómez, esa preselección no se le comunicó ni por teléfono ni por carta, por lo que no pudo presentarse a la cita en la Diputación y fue contratado el psicólogo, que por otra parte reconocía no tener experiencia como encargado de obra (sí en el sector de la construcción). La Junta afirmaba que se había intentado contactar por teléfono con el alosnero y al no conseguirlo se le envió una carta. Y la Diputación, contratante al final, desvió responsabilidades al SAE: el propio presidente, Ignacio Caraballo, explicó que la institución se había limitado a solicitar una oferta de empleo poniendo como única condición que el candidato tuviera un mínimo de seis meses de experiencia y estuviese en paro. El día de la selección, señaló, sólo se había presentado una persona.

El excluido del proceso denunció ante la Administración autonómica y el Servicio Público de Empleo Estatal anunció una investigación sobre el procedimiento seguido en esa contratación, sufragada con fondos estatales. Transcurridos unos meses, Francisco Gómez acudió a los Juzgados de Valverde, donde interpuso una demanda contra la Diputación, el Ayuntamiento de Tharsis y el SAE por estos hechos.

La investigación se ha venido desarrollando y en algún caso la demanda de información del titular del juzgado no se ha visto satisfecha por la Diputación, aseguran fuentes cercanas al caso. El siguiente paso parece ser el registro de la institución provincial y el SPEE, derivados de ésta y la otra denuncia interpuestas.

Una instrucción más, que se suma a las que está desarrollando la juez Mercedes Alaya sobre el uso fraudulento de las ayudas para expedientes de regulación de empleo o por el supuesto pago de mordidas a funcionarios a cambio de la adjudicación de obras públicas.