Los dos acusados de diez violaciones cometidas en El Puerto y en Puerto Real (Cádiz) entre junio de 1995 y septiembre de 2000 se acogieron ayer en la Audiencia Provincial a su derecho a no declarar y no respondieron a las preguntas que pretendían hacerles el fiscal y los dos abogados que representan a algunas de las víctimas. El juicio del caso Ricardi (conocido así por el portuense al que le fue atribuida una de las violaciones y que fue condenado y encarcelado por error durante casi trece años) comenzó así, con ese silencio voluntario y a puerta cerrada.

Las acusaciones particulares solicitaron al tribunal que las sesiones del juicio no fuesen públicas. El fiscal se mostró de acuerdo y la petición fue atendida. El juicio continuará hoy y mañana. Pero no habrá manera de saber qué ocurre en la sala, qué declaran las víctimas y otros testigos y los policías que investigaron el caso y los peritos.

El fiscal solicita para uno de ellos, F.P., nacido en 1955, 283 años de prisión. Para el otro, J.B., nacido en 1956, 191 años.