La cervecería La Espuma de Cabra (Córdoba) se ha declarado insumisa a la ley antitabaco para evitar el cierre a final de mes ante las cuantiosas pérdidas registradas desde el inicio de la prohibición y que ascienden a 3.500 euros.

El propietario de este establecimiento, Rafael León, ha explicado que se ha puesto en contacto con el dueño del Asador Guadalmina de Marbella, que fue el primer establecimiento público en declararse rebelde a la norma, para estudiar acciones conjuntas y emprender un campaña de recogida de firmas contra la ley.

De hecho, esta cervecería cordobesa expone a la entrada de su local los mismos carteles que el propietario del asador marbellí tiene colocados y en los que se informa de que en su interior no se aplica la ley.

Según ha explicado León, la decisión de declararse en rebeldía responde a las pérdidas registradas debido a la prohibición y que dejó el bar sin clientes. "Si seguía con la ley no llegaba a fin de mes y tengo una familia que alimentar", ha declarado León, quien ha explicado que está estudiando la posibilidad de transformar su establecimiento en una sociedad gastronómica.

Por otra parte, León ha asegurado que existen muchos establecimientos que no están cumpliendo con la norma pero que "no dan la cara", por lo que les ha instado a unirse para mostrar su rechazo a la ley.

La Junta de Andalucía ha levantado acta contra la cervecería que derivará en una sanción que el propietario recurrirá  "hasta donde haga falta, incluso en Bruselas".

La delegada de Salud de la Junta de Andalucía en Córdoba, María Isabel Baena, ha explicado que un inspector ha visitado el establecimiento y ha levantado un acta, que es el paso previo a la apertura de un procedimiento sancionador.

Ahora son las autoridades las que deben catalogar el tipo de falta que se ha cometido y establecer la cuantía de la sanción que será comunicada al propietario de este establecimiento.  La delegada de Salud ha asegurado que la Junta va a ser "contundente" a la hora de cumplir esta ley y por ello ha asegurado que se están intensificando las labores de inspección y vigilancia.

En las alegaciones al acta, León ha pedido al Gobierno que le ingrese 2.000 euros al mes para poder pagar los impuestos del establecimiento y el alquiler, al que no podría hacer frente si cumple la norma ya que el 90 por ciento de su clientela es fumadora, según ha explicado.

León, quien ha asegurado que llegará donde haga falta en el caso de que sea sancionado, ha criticado la prohibición y se ha preguntado por qué el Gobierno no pone un impuesto a aquellos establecimientos donde se suele fumar para impedir este tipo de situaciones.

"No hay vuelta atrás. Recurriré a donde tenga que ir, incluso a Bruselas", ha dicho el propietario de esta cervecería, donde la clientela sigue fumando.