Las comunidades del PP sospechan de la gestión de la Junta en dependencia

  • Consejeros populares piden al Gobierno que aclare si es correcta la baremación

Los gobiernos de Valencia, Madrid, Murcia, Canarias, La Rioja y Castilla y León, todos del PP, cuestionaron ayer en una reunión celebrada en la capital valenciana la aplicación de la Ley de Dependencia en Andalucía.

En una cumbre donde coincidieron en demandar una mayor dotación presupuestaria, los consejeros populares exigieron al Gobierno que aclare si la baremación "se está haciendo bien o mal" en Andalucía, una región que, expuso el consejero valenciano Juan Cotino, "se sale fuera de órbita" en algunas variables de la aplicación de la Ley. En la misma línea, Antonio Sanz, secretario general del PP andaluz, anunció que su partido instará a la Junta a crear en el Parlamento una agencia que siga y evalúe la aplicación de la norma.

Luis Pizarro, vicesecretario general del PSOE-A, contestó con dureza a la acusación de los populares de que la Junta de Andalucía prevarica con la Ley de Dependencia. Para el socialista, la vía que debe tomar "cualquier dirigente político serio y responsable" cuando detecta un delito es acudir a los tribunales. El PSOE vinculó las críticas surgidas desde la oposición a su deseo de "boicotear" el desarrollo del sistema de Dependencia a través de una "campaña de desprestigio".

Luis Pizarro detalló que en Andalucía se han registrado 193.000 solicitudes, de las que han sido valoradas 160.000 (el 85%). Unas 110.000 personas tendrían reconocido ya el derecho a la ayuda y más de 78.000 la están disfrutando. Estas cifras sitúan a la región, añadió Pizarro, como la comunidad donde se da un mayor cumplimiento de la Ley de Dependencia.

El mismo argumento siguió la consejera para la Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro, que consideró "lógico" que Andalucía tenga el porcentaje más alto de ayuda a los cuidadores ya que se trata de la región donde "más se ha desarrollado la Ley de Dependencia" . La consejera puso a Almería, gobernada por el PP, como ejemplo del boicot que, a su juicio, se está produciendo por parte de algunos Ayuntamientos al desarrollo de la normativa. En esta ciudad, según la Junta, se registran retrasos en las solicitudes de ayuda de "hasta nueve meses, y no ha empezado a entregar las ayudas a domicilio hasta hace una semana, cuando, todos los consistorios andaluces han recibido desde el 1 de enero dinero por adelantado para conceder esta prestación".

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