Otra investigación judicial que parte de un informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas que se va al garete. El juez de Instrucción número 2 de Sevilla, Carlos Mahón, ha acordado el archivo de la investigación abierta por delitos de fraude de subvenciones, malversación de caudales públicos y prevaricación, en relación con la concesión en diciembre de 2012 de subvenciones extraordinarias a cada una de las 94 Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnología (Utedlt) por importe de 5.846.298 euros, para hacer frente a los costes por extinción de los contratos laborales de los denominados agentes locales de promoción y empleo (Alpes).

La investigación se inició a raíz de un informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Andalucía, que consideraba que no se había justificado suficientemente el empleo de las subvenciones para el pago de los salarios, lo que llevó al Ministerio Público a considerar que la ayudas se concedieron a estos consorcios "sin un soporte legal" que lo permitiera una vez que el Consejo de Gobierno de la Junta aprobó la extinción de estos consorcios el 27 de julio de 2010.

La investigación se derivó por la Fiscalía Superior de Andalucía a las ocho provinciasSólo dos juzgados de Málaga y Cádiz siguen investigando. El resto ha dictado autos de archivo

La Fiscalía Superior derivó estas investigaciones a cada una de las fiscalías provinciales, que denunciaron el caso en los juzgados. De las ocho investigaciones abiertas, una en cada provincia, ya sólo siguen en instrucción las presentadas en Málaga y Cádiz, tras el sobreseimiento decretado por el juez de Sevilla.

En la causa incoada por el juzgado de Instrucción número 2 de Sevilla figuraban como investigados el ex consejero Antonio Ávila y otras 29 personas, entre ellos directores de Utedlt y Alpes, así como varios directores generales del Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

En el auto que da carpetazo a la instrucción analiza la resolución de Antonio Ávila, en su condición de presidente del SAE de diciembre de 2012, por la que se concedieron las 94 subvenciones excepcionales para pagar las indemnizaciones por despido una vez que se produjo el despido colectivo del personal de estas unidades de empleo. El instructor señala que todos los expedientes se tramitado conforme a la ley 28/2003, de 17 de noviembre en la que entre otras se regulan las subvenciones excepcionales. Antes de la concesión se elaboró una memoria justificativa del interés público social por parte de la jefa de servicio de promoción del desarrollo local, en la que se ponía de manifiesto, de un lado, "el evidente interés público y social de las subvenciones, toda vez que las mismas tenían como finalidad hacer frente a los despidos de un número importante de personas" y, de otro lado, que "al estar contemplada dicha situación en la orden de 24 de enero de 2004, que regula las Utedlt, sólo cabía la posibilidad de recurrir a esta subvención excepcional".

El juez destaca que teniendo en cuenta estas circunstancias y que Antonio Ávila, en su condición de director gerente del SAE, basó en todo momento su decisión ene l contenido de esa memoria justificativa y su posterior actuación se adecuó a los trámites legalmente previstos, "consideramos que su actuación es ajustada a derecho al haberse aprobado la concesión de las ayudas excepcionales conforme a la ley que las regula", precisa el instructor.

El auto concluye que no existen indicios racionales de que el ex consejero de Economía y las otras 29 personas contra las que se dirigía la causa "hayan cometido los delitos por los que han sido investigados", por lo que considera procedente decretar el sobreseimiento provisional de las presentes actuaciones. En el auto, el juez deja constancia igualmente de que en su día el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Andalucía fue remitido al Tribunal de Cuentas, incoándose en la Fiscalía de este tribunal unas diligencias preprocesales que fueron archivadas el 24 de julio de 2014, "al considerar que no hay nada que reprochar, desde el punto de vista contable".

En el auto, el juez analiza las irregularidades denunciadas en el informe de la Cámara de cuentas y sobre éstas pone de manifiesto que alguno de los "incumplimientos" descritos, aún teniendo trascendencia en el ámbito administrativo, "carecen de relevancia penal", añadiendo que la falta de control efectivo sobre la gestión desarrollada "en modo alguno significa que haya existido una mala gestión o una gestión fraudulenta"

El magistrado señala que la Cámara de Cuentas también había denunciado que no existía documentación, pero "no que los procesos de selección en sí mismos fuesen caprichosos, sin normas y sometidos a directrices individuales y personales, siendo buena prueba de ello que en el informe no se recoge ni un solo supuesto de contratación por amistad, familiaridad o vínculos similares". Además, hubo una convocatoria pública de las ofertas de trabajo, como prueba las manifestaciones de algunos Alpes que indicaron que conocieron la oferta de trabajo al ver la "convocatoria en los tablones de anuncio de los ayuntamiento" y también es prueba de esa publicidad el "elevado número de aspirantes entre los que se elige sólo a uno de ellos, no constando impugnación alguna de los distintos procesos de selección llevados a cabo".

El magistrado advierte, por último, que muchas de las contrataciones se efectuaron en el año 2004, por lo que cualquier irregularidad referida a éstas estaría prescrita en su caso.