Caso de los ere

Los peritos ratifican que las sobrecomisiones de los ERE ascendieron a 66 millones

  • La comparecencia, que por primera vez ha sido grabada, concluye en sólo 45 minutos al recordar la juez que se trata de un acto estricto de ratificación, en el que no cabe el debate, valoración o contradicción del informe.

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Una comparecencia fijada para tres días que se solventa en sólo 45 minutos y que, por primera vez en cuatro años de instrucción del caso de los ERE fraudulentos, ha sido grabada. Los dos peritos de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones han ratificado este miércoles su informe en el que cifran en 66.155.573,51 euros las sobrecomisiones que se pagaron por encima de la media de mercado en las pólizas de prejubilaciones vinculadas a los ERE financiados por la Junta de Andalucía.

La ratificación de los peritos comenzó con sorpresa, dado que la juez María Núñez Bolaños ha permitido por primera vez tras cuatro años que se grabe una comparecencia relacionada con la investigación de los ERE. A continuación, la magistrada ha advertido a las acusaciones y a las defensas que se trataba de un acto estricto de ratificación y aclaración, en su caso, del informe pericial, por lo que no iba a permitir el debate, contradicción o valoración propio del juicio oral.

Ante esta advertencia, hasta la Fiscalía Anticorrupción ha renunciado a hacer preguntas, por lo que esta comparecencia que inicialmente estaba previsto que se prolongase durante tres días ha finalizado en sólo 45 minutos.

En este tiempo, los peritos han ratificado su primer informe sobre las mediadoras Vitalia y Uniter, que gestionaban las pólizas de los prejubilados financiadas con fondos públicos, así como un segundo informe complementario y varios peritajes específicos sobre algunas de las pólizas firmadas por la Junta de Andalucía.

La ratificación de este informe pericial había sufrido varios aplazamientos tras haber sido señalado en varias ocasiones por la juez Mercedes Alaya. El informe destaca que en la mayor parte de las pólizas la comisión percibida por los mediadores en el periodo investigado (2000-2011) ha sido "significativamente superior" a la media del mercado, que se situaba en el 2%, mientras que en las ayudas investigadas se alcanzó en algunos casos incluso el 12%.

De esos 66,1 millones, la mayor parte, 36.228.300,1 euros fueron percibidos por las entidades vinculadas a Vitalia, (Vitalia, Holding Europeo Tindex, Irson, Resturine, Morgan & Meyer, Rokiblau y Dreamhouses Invest). El grupo Uniter (Uniter e Ingotor) recibió 29.804.937,2 euros, mientras que otros mediadores que intervinieron un carácter marginal fueron Atlantis, que recibió comisiones por importe de 50.918,3 euros, y Expert Ejecutivos, por 71.417,9 euros.

Entre las irregularidades que detectan los peritos de la Dirección General de Seguros se encuentran la "actuación de agentes de seguros exclusivos simultáneamente para varias entidades aseguradoras, el pago de comisiones a varios mediadores por la misma póliza, el pago de comisiones a un mediador sin que conste un contrato de agencia, y la existencia de tomadores impropios en las pólizas intermediadas y la no identificación adecuada del mediador en las pólizas".

El peritaje avala uno de los argumentos que la juez Alaya ha venido sosteniendo a lo largo de la instrucción, al poner de manifiesto que tras el estudio realizado "no se ha encontrado justificación que acredite la necesidad o conveniencia de suscribir las pólizas de seguro mediante la participación de mediadores, cuya intervención ha encarecido innecesariamente el coste de las pólizas".

Tampoco encuentran los expertos justificación sobre los criterios de elección de las aseguradoras y además, en contra de lo que es norma, la comisión de los agentes no era establecida por las aseguradoras sino por los propios mediadores, lo que supone un mecanismo "irregular" de fijación del nivel de comisiones realizado en "connivencia con las entidades aseguradoras".

El informe concluye que una parte importante de las comisiones cobradas por Uniter se destinaban "al pago de terceros" y que Vitalia operaba "irregularmente como correduría de seguros, ya que carecía de la preceptiva autorización administrativa".

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