Discapacitados psíquicos severos, enfermos de alzhéimer, afectados por esclerosis múltiple y una larga lista de dependientes están en sus casas esperando acceder a prestaciones de la ley de dependencia. Pero "la ventanilla está cerrada", según ironizaba el representante de una asociación. Cientos de dependientes están afectados por la práctica "paralización" de la ley derivada de los recortes presupuestarios. Y con ellos, están perjudicados también sus familiares que tienen que soportar unas cargas de cuidado para las que la legislación había previsto ayudas económicas, domiciliarias, de centros de día o de residencias.

Pero, según las asociaciones, la ley va camino de convertirse en papel mojado por mor de los recortes. "La ley de dependencia está paralizada salvo para los casos de urgencia social", aseguraba una técnico de Aspromanis, asociación que asiste en Málaga a personas con discapacidad intelectual. Se atienden los casos extremos de discapacitados intelectuales que no tienen familia, que aún teniéndola están desamparados o que por sus graves trastornos distorsionan de forma insostenible el ámbito familiar. "Se atienden esos casos y pocos más", acotaba.

Las distintas organizaciones consultadas coinciden en que "la paralización comenzó en torno al verano de 2012". La técnico de Aspromanis precisaba que hay varios aspectos bloqueados. Por un lado, indicaba que la Agencia de la Dependencia de la Junta "no resuelve" las propuestas de casos que le hacen los Servicios Sociales Comunitarios. Por otro, que están "paralizadas" las valoraciones del grado de dependencia, un requisito indispensable para acceder a los beneficios de la ley. Por último, que las plazas que quedan vacantes en los centros -por fallecimiento o porque de un centro de día pasa a una residencia- no se cubren.

Las organizaciones denuncian que lo que para las administraciones supone un "ahorro" al no tener que afrontar el coste de cientos de dependientes, para las familias representa más carga.