El secreto de sumario de los cursos de formación se amplía a las irregularidades en el SAE

  • Alaya esgrime la "especial importancia" de la línea de investigación y el riesgo de destrucción de pruebas

La juez Mercedes Alaya ha ampliado el secreto de sumario en la causa en la que se investigan las irregularidades en los cursos de formación tras analizar los informes de la Intervención General de la Junta de Andalucía sobre las distintas "direcciones provinciales del Servicio Andaluz de Empleo (SAE)" y las diversas irregularidades denunciadas.

Así lo explica la magistrada en un nuevo auto, dictado el pasado día 13, en el que Alaya acuerda decretar por un plazo no superior a 30 días el secreto parcial de las actuaciones en lo referente a los informes de la Intervención General de la Junta y a "cuantas actuaciones se deriven de su investigación".

En su resolución, la juez argumenta que es procedente ampliar el secreto parcial de la instrucción a "cuantas diligencias se deriven del estudio" de los informes de la Intervención General, y lo justifica "atendiendo a la gravedad de los delitos investigados, la especial importancia de la línea de investigación con ellos iniciada, de las expectativas de la misma y del riesgo de frustrar sus posibles resultados por la posible pérdida, destrucción o manipulación de indicios o fuentes de prueba".

Por todo ello, prosigue el auto, se amplía el secreto parcial de las actuaciones acordado el 20 de enero "con el fin de evitar interferencias o acciones que puedan poner en peligro el éxito de las investigaciones que la Unidad Central Operativa (UCO)" de la Guardia Civil viene realizando.

En enero pasado, Alaya abrió una línea de investigación sobre las subvenciones que por importe de 85,7 millones de euros recibió la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), en un auto en el que decidió además decretar el secreto parcial de las actuaciones en relación a las subvenciones otorgadas a los consorcios y a diversos "entramados empresariales".

En ese auto, dictado a raíz de un reciente atestado elaborado por la UCO sobre los cursos de formación y de los distintos informes de la Cámara de Cuentas y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, Alaya puso de manifiesto la existencia de "varias bolsas de fraude" en relación con los cursos de formación y que le llevaron a abrir cuatro nuevas líneas de investigación.

Una de ellas es la relacionada con la Faffe, constituida en 2003 como una entidad de carácter privado y sin ánimo de lucro -Alaya recuerda que presidente de su patronato es el "titular de la Consejería de Empleo de la Junta"-, y que según la magistrada se convirtió en un "instrumento esencial de la Consejería de Empleo y del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de dimensiones extraordinarias, con personal empleado que se contaba por varios miles y con sueldos muy elevados en comparación con otros empleados similares de la Administración", y recuerda además que estos trabajadores pasaron a ser empleados públicos con la disolución de la fundación.

La juez señala que la "única fuente de financiación" de la Faffe eran las subvenciones otorgadas por el SAE y advierte de las "graves irregularidades" que presentaban en cuanto a su justificación. Entre esas irregularidades, la juez destaca las siete subvenciones extraordinarias concedidas para la formación de los ex trabajadores de Delphi por importe de 35,9 millones, concedidas dentro del plan de revitalización de la Bahía de Cádiz.

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