Sociedades interpuestas, comisiones a cambio de licencias, contrataciones a dedo, adjudicaciones previas a concursos públicos, clanes familiares y hasta cuentas en paraísos fiscales. No falta de nada en los más de 3.000 folios del sumario del caso Astapa. Los investigadores de la trama de corrupción municipal se centran especialmente en los tomos del 7 al 13 sobre las relaciones societarias existentes con personas vinculadas al Ayuntamiento y en los pagos de promotoras al Consistorio y a funcionarios públicos coincidiendo con la firma de convenios urbanísticos.

Entre los casos más llamativos destacan los ingresos percibidos por empresas relacionadas con familiares de los imputados Francisco Zamorano y Manuel Reina por parte de varias mercantiles que habían firmado acuerdos con el Ayuntamiento tras recibir el asesoramiento de ambos. Del mismo modo, aparece una relación de pagos de promotoras y constructoras a técnicos municipales que, según los investigadores, podrían estar beneficiándose de la información obtenida en el Consistorio para sus actividades privadas.

También se reflejan en estas páginas operaciones más que fructíferas de compraventa de terrenos por parte de familiares de políticos. Este es el caso de la madre del ex alcalde Antonio Barrientos, que vendió a una empresa por más de 7 millones de euros unos terrenos heredados que, sólo seis meses después, fueron objeto de la firma de un convenio urbanístico.

Por su parte una sociedad vinculada a familiares de Zamorano compró unos suelos por 751.260 euros que 21 meses después vendieron por 3,6 millones de euros. Pero el papel de los primos, esposas, cuñados y padres de los imputados va más allá. Según los informes policiales, "se podría estar utilizando a los familiares para desviar u ocultar fondos de origen o procedencia desconocida". A los investigadores, por ejemplo, les sorprende "el elevado número de gastos que declara" la mujer del ex primer teniente de alcalde José Ignacio Crespo, "a pesar de que no se le conocen ingresos declarados".

Capítulo aparte merecen las presuntas infravaloraciones de terrenos. Según las valoraciones realizadas por un técnico externo a petición de los denunciantes, David Valadez y Cristina Rodríguez, el Ayuntamiento de Estepona podría haber dejado de ingresar 49 millones de euros como consecuencia de la venta de los suelos municipales a precios, presuntamente, por debajo del valor de mercado.

Estas actuaciones permitirían a algunos miembros del Ayuntamiento, según el sumario, "solicitar aportaciones económicas a dichos empresarios destinadas a diferentes usos", dinero que no quedaría reflejado en ningún sitio, que en ocasiones se entregaría en efectivo o que se facturaba a nombre de empresas pertenecientes a personas ajenas al Consistorio. Para los investigadores "realizar aportaciones sin contabilizar no tiene sentido a no ser que se beneficien de ellas personas de la corporación".

Al margen de las infravaloraciones, en el sumario también se refleja cómo se solicitaba a empresarios que aportaran dinero para diferentes actividades, amenazándoles incluso con paralizar sus licencias. Éste es el caso de un empresario cuyo expediente llevaba dos años estancado a pesar de tener toda la documentación en regla. El jefe de gabinete de alcaldía, José Flores, explica que se le pidieron entre 60.000 y 100.000 euros para financiar un torneo de tenis. Finalmente abonó 30.000.

Algo similar le sucedió al propietario de un club de alterne que tuvo que pagar 42.000 euros a la abogada Ana María Crespo, hermana de José Ignacio Crespo, para obtener la licencia de su local. Ese dinero, según se desprende de las conversaciones intervenidas, se repartió entre el que fuera concejal de Hacienda, Manuel Reina, el arquitecto municipal Arturo Cebrián y ella, si bien ésta le aseguró a la primera instructora del caso, Isabel Conejo, que se trataba "de una provisión de fondos que no repartió con nadie".

Pero no sólo se pedía dinero. Según el informe policial se llegó a solicitar a un empresario que regalara 1.500 jamones y varias botellas de vino para repartir entre los trabajadores municipales en Navidad. La contratación en el Ayuntamiento de 300 personas afines al PSOE para ganar apoyos de cara a las elecciones, las negociaciones para adjudicar un chiringuito al primo hermano del jefe de gabinete de alcaldía incluso antes del concurso público y las idas y venidas de dinero en metálico a la casa consistorial son tan sólo otros de los aspectos investigados en este caso.

El sumario refleja una conversación entre el portavoz del Partido Estepona (PES) y el entonces secretario local del PP sobre el dinero que habría recibido el portavoz del PA para romper el acuerdo suscrito por los tres partidos para arrebatar la alcaldía al PSOE. Aunque inicialmente el pacto de gobierno estaba cerrado entre PP, PES y PA para quitar la Alcaldía al socialista Antonio Barrientos tras las elecciones de 2007, el sumario, al que ha tenido acceso Efe, recoge cómo este acuerdo se rompe ya que, según dice el entonces secretario local del PP, Ricardo Galeote, "a (Rafael) Montesinos (PA) le han prometido el retiro feliz".

El portavoz del PES, José Ignacio Crespo, en conversación telefónica con el entonces edil popular, asegura: "La rectificación de Montesinos es tan insólita como sospechosa y yo estoy convencido de que ha habido dinero por medio", y añade que "hay que decirle a la gente que se le ofreció la alcaldía y no es comprensible que no aceptara si no es por dinero". Además, señala que "en algún momento de la noche Valle Romano (la promotora inmobiliaria) estuvo sentado en esa mesa y a ese tío le han dado dinero".

Como colofón, los agentes de la incluyen en el sumario el ingreso en las arcas municipales de 1 millón de euros procedente de un banco radicado en las Islas Caimán, consideradas como un paraíso fiscal.