El fiscal de la operación Karlos, Juan Bosco Anet, defendió ayer la validez de las escuchas telefónicas "obtenidas con un respeto escrupuloso", exponiendo así una tesis totalmente contraria a la planteada el primer día de juicio por las defensas de los acusados. Anet mantuvo que las pruebas se consiguieron de una forma legal, que la actuación del juzgado fue impecable, que los derechos de los acusados han sido plenamente respetados y que si en un principio estas escuchas pudieran haber generado dudas, algo que reconoció, ya fueron "resueltas" con los dos autos que la propia Audiencia Provincial dictó en 2006.

"Hasta en cinco ocasiones han sido valoradas las intervenciones telefónicas y son validas y ajustadas a derecho. La Audiencia Provincial lo ha plasmado con dos autos de la Sección Primera, donde sólo anula las intervenciones de seis días, y resuelve lo planteado ahora de hallazgo casual, falta de control judicial, la actuación de Vigilancia Aduanera o la inconsitucionalidad", apuntó el fiscal. Es decir, todos los motivos que defendieron los letrados para anular las escuchas y anular el juicio. Para saber la decisión final del tribunal de la Sección Tercera habrá que esperar hasta el viernes, cuando se retoma el juicio y se conocerá si se anulan o no las escuchas.

Durante la sesión de ayer, Juan Bosco admitió que cuando el caso llegó a Cádiz, procedente del Juzgado de Instrucción de Jerez, él mismo dijo una frase: que estas escuchas "iban a dar problemas", pero que cumplían los requisitos mínimos para seguir adelante. Pero insistió que hoy ya todas las dudas han sido resueltas. "No hay que buscar jurisprudencia en otros casos cuando la hay de este caso concreto con dos autos de esta misma Audiencia", afirmó. "Y nosotros también estamos de acuerdo con que la verdad no se puede obtener a cualquier precio -añadió el fiscal en referencia a la frase repetida en varias ocasiones por los defensores el lunes-. Por eso se ha cumplido la ley escrupulosamente".

El representante del Ministerio Fiscal rompió una lanza por la actuación del juez de instrucción en este caso -la del de Jerez fue puesta en duda por los defensores-, aunque reconoció que algún auto "podía haberse hecho mejor" y dijo que desde el principio el juez tenía conocimiento de la actividad ilícita contra la Seguridad Social por los informes de Vigilancia Aduanera que se incluyen en los autos y que en ningún momento se le ocultó nada, por lo que las escuchas están totalmente motivadas. También negó que existiera una investigación paralela y dijo que el principio de proporcinalidad de la medida está más que justificado por el interés público y la sensibilidad del ciudadano con el tema. De la falta de notificación al fiscal, dijo que "no es lo transcendente ".

Otra cuestión muy recurrida por las defensas, la de que se tratan de dos delitos distintos y que las escuchas se hicieron por un delito contra la hacienda pública, también fue contestada. El fiscal manifestó que lo primeramente investigado era personas que querían obtener dinero ilícito aprovechándose del estado, algo que también se cumple en las supuestas pensiones fraudulentas y con una misma mecánica y además igual con documentos falsos. "Es como abrir otra oficina del negocio", dijo.

Lo mismo defendieron en una intervención más breve las acusaciones de la Seguridad Social y la Junta de Andalucía, ya "que no cabe aceptarse ninguna de las causas de nulidad expuestas en las cuestiones previas". Y una cosa más quiso resaltar el fiscal, su repulsa a las manifestaciones de la defensa de Casto sobre los pactos que habrían llegado algunos acusados y sobre si éstos son legales o no. "No estoy dispuesto a consentirlo".