Esta vez, sí o sí. En mayo de 2010, el tijeretazo a los funcionarios del Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero se homologó a los empleados públicos andaluces en una media del 5%, aunque no afectó a los trabajadores de las empresas públicas. Lo que hizo la Junta fue aminorar la subvención en ese porcentaje para instar a los directivos a aplicar ese recorte, pero la bajada salarial quedó condicionada a que se aprobara por convenio colectivo. En algunas empresas públicas no hubo recortes gracias a la mediación de los sindicatos.

Dos años después, el decreto ley de medidas fiscales, administrativas y laborales aprobado ayer por el Consejo de Gobierno obliga a la reducción salarial a los 25.000 trabajadores de entidades instrumentales y consorcios, confirmaron fuentes del Gobierno andaluz.

La masa salarial del personal laboral de estas entidades experimentará una reducción del 5%, si bien la distribución de esta reducción se llevará a cabo en el plazo de un mes en el ámbito de la negociación colectiva. Entre otras medidas para este personal, se suspende el devengo y abono de las gratificaciones de cualquier tipo y, sólo excepcionalmente y por causas muy justificadas, podrán abonarse compensaciones económicas por servicios y siempre cuando se cuente con un informe previo favorable de la Consejería de Hacienda y Administración Pública. La productividad, incentivos al rendimiento o consecución de objetivos se reduce en un 10%.

La Junta quiere poner coto a lo que durante años ha sido una gestión discrecional del personal de estas entidades y que las medidas sean homologables a las que afectan a los empleados públicos de la Junta, más de 270.000, a los que se recorta ahora 747 millones de los 2.700 del plan de ajuste.

El personal directivo de las entidades instrumentales verán reducidas sus nóminas en un 7,5%, como los altos cargos de la Junta.

Más complejo será que esta reducción de sueldos afecte a la Radio Televisión Pública de Andalucía, tanto para la plantilla compuesta por 1.600 personas, como para el personal directivo, señalaron fuentes de la Administración andaluza. Desde la reforma de la ley de la RTVA a principios de la legislatura pasada, este ente público depende del Parlamento.

El director general de Canal Sur, Pablo Carrasco, es el alto cargo andaluz con mayor retribución y gana 125.000 euros al año, casi el doble que Griñán (63.808). La consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, vinculó ayer la decisión de una rebaja salarial de la RTVA a lo que decida el Parlamento. Hace dos años la Junta le rebajó el sueldo un 10% sin esas alusiones. Dirigentes de IU han reclamado que Carrasco gane menos que Griñán.

Precisamente la reducción en un 7,5% del sueldo de Griñán llevó al portavoz del Ejecutivo, Miguel Ángel Vázquez, a proponer al conjunto de las administraciones que adapten los salarios de sus altos cargos a lo que ha hecho la Junta.

El presidente andaluz es el que menores ingresos tiene a excepción del presidente de Cantabria, que gana 59.534 euros. Los consejeros andaluces (62.800 euros al año) sólo tienen ingresos mayores que los de Canarias, Baleares, Valencia y Cantabria, y los directores generales (49.195 euros) son los que menos ganan en España, según los datos aportados por la Junta.

Aguayo defendió que el plan de ajuste no sacrifica empleo público ni conlleva privatizaciones y aceptó el unánime rechazo sindical por unas medidas "injustas e insolidarias" de las que responsabilizó al Gobierno central. Desde IU, que se atribuyó la consecución de que el plan no afecte a los mileuristas y la aminoración del impacto en los interinos (30 millones en total que en lugar del capítulo de personal se sustraerá de gastos corrientes), la dirección admite en un boletín que tiene la "tentación" de declararse "insumiso" al vincular los recortes al Gobierno del PP, informó Europa Press.

El dirigente del PP, Rafael Carmona, aseguró ayer que el "fracaso" de la negociación con los sindicatos, que mantienen sus protestas, se ha debido a que Griñán ha optado por el camino de "no tocar su aparato político", en vez de reducir una serie de gastos "suntuosos" a los que "no se quiere renunciar".