El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha dictado el ingreso en prisión eludible con fianza de 60.000 euros para el alcalde de Parla, José María Fraile (PSOE); su jefe de gabinete, Antonio Borrego; y el regidor de Torrejón de Velasco, Gonzalo Cubas (PP); y con una caución de 25.000 euros para Antonio Cándido Ruiz, empleado del supuesto conseguidor David Marjaliza. El magistrado ha adoptado estas medidas a petición de la fiscal Anticorrupción Carmen García y después de más de ocho horas de interrogatorios en los que ha tomado declaración a 12 de los 35 detenidos en la trama de amaño de contratos desarticulada con la operación Púnica, de la que formaba parte el ex secretario general del PP de Madrid Francisco Granados.

Velasco también ha dejado en libertad bajo fianza de 40.000 euros al alcalde de Collado Villalba, Agustín Juárez, y al responsable de Obras Públicas de Parla, Avelino Pérez Pallarés, que tendrá que depositar 20.000 euros. Ambos tendrán diez días para abonar estas cuantías y evitar su ingreso en prisión. Además, ha dejado en libertad sin medidas cautelares a otras seis personas: el alcalde de Casarrubuelos, David Rodríguez (PP); el consejero de Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, José Martínez Nicolás; el técnico del Instituto de Turismo de Murcia Jesús Galindo Sánchez; el empresario Francisco Ruiz Valenzuela; el técnico de Serranillos del Valle Marco Durán y el concejal de Móstoles Alejandro Utrilla Palombi.

En el caso de Parla, el juez investiga los contratos que la empresa Cofely, filial del grupo multinacional francés GDF Suez, firmó con el Ayuntamiento de Parla. Según una noticia publicada en la web de la compañía que fue borrada tras la operación, el Ayuntamiento adjudicó en julio de 2013 un contrato de "servicios energéticos para diversas instalaciones municipales (edificios, alumbrado público y semáforos)" por valor de 54,7 millones de euros y una duración superior a 15 años.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 tenía previsto interrogar este miércoles a 17 de los 35 detenidos aunque poco antes de las 21:00 ha decidido aplazar la declaración de cinco de ellos y ha ordenado su ingreso en la cárcel de Soto del Real (Madrid). Se trata del director general de Cofely, Didier Maurice; el director comercial de la compañía, Constantino Álvarez de la Cueva; y otros tres empleados de Marjaliza: Eduardo de la Peña, José Luis Huertas y Antonio Serrano. Declararán este jueves junto a otros 12 arrestados, para los que el juez también ha dictado la orden judicial de prisión. A ellos podría sumarse el guardia civil detenido este miércoles por avisar a Granados de la operación. Los cinco detenidos restantes han quedado en libertad tras prestar declaración ante la Guardia Civil.

Según fuentes jurídicas presentes en las declaraciones, el juez Velasco ha preguntado a los imputados si Granados influía o mediaba en la adjudicación de contratos públicos y si se llevaba a cambio un porcentaje de hasta el tres por ciento de cada uno. Del mismo modo, ha querido saber si los alcaldes imputados se llevaban este porcentaje por cada una de las adjudicaciones que se concedían y si los empresarios las pagaban. La minuciosidad del juez, según las citadas fuentes, ha llegado al punto de preguntar por quién pagaba las comidas entre alcaldes y empresarios en la que supuestamente se cerraban las adjudicaciones.

Contratos de hasta 100 millones

El juez Velasco califica en su auto la red desarticulada en la operación Púnica como una "trama organizada con perduración temporal y reparto de roles" que logró obtener de manera irregular la adjudicación de "numerosos" contratos públicos que en algunos casos alcanzaron los 100 millones. En la ejecución y facturación de estos contratos, indica el juez, "las autoridades municipales se han plegado a los intereses de los investigados hasta el punto de incurrir en facturación falsa, falsear informes técnicos que reflejarían actuaciones que en realidad no se han realizado o adjudicar trabajos sin contrato previo".

El juez explica que la trama se destapó gracias a la información que envió Suiza a las autoridades españolas sobre "varias cuentas" en un banco de ese país a nombre del ex consejero madrileño Francisco Granados y de su mujer, María Nieves Alarcón, así como de su socio David Marjaliza y la esposa de éste, Adela Cubas Navarro. Tras realizar seguimientos y escuchas a estas personas, se dedujo que "los fondos aflorados en las cuentas suizas pueden proceder de conductas delictivas vinculadas a la promoción urbanística y la contratación administrativa".

"Las investigaciones realizadas -afirma el auto- han permitido cerrar el círculo de la operativa de blanqueo en la que el dinero colocado en Suiza retorna después a España tras pasar por varios países bajo la apariencia de diversas operaciones de exportación". El dinero lo reunían a través de una "red de tráfico de influencias apoyada por un entramado empresarial que hace uso de su capacidad de influencia actuando como 'conseguidores' para terceras empresas a cambio de una comisión pactada, resultando tales empresas adjudicatarias de varios contratos". Estos contratos son, detalla el auto, de ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, del Instituto de Turismo y del Instituto de Fomento de la Región de Murcia, de la Diputación de León y de "múltiples" ayuntamientos.