La red de corrupción en la que está implicado el ex dirigente del PP Francisco Granados tejió su trama de adjudicaciones irregulares a cambio de comisiones con el ahorro energético de municipios, principalmente de la Comunidad de Madrid, donde han sido detenidos seis alcaldes. Fue la multinacional francesa Cofely, dedicada a dar soluciones energéticas en edificios e instalaciones, la principal adjudicataria de los contratos de los ayuntamientos para actuaciones de ahorro del consumo de luz y de emisiones de dióxido de carbono en el alumbrado público.

La trama desmantelada en la operación Púnica, en la que han sido acusados medio centenar de personas, entre ellas una decena de políticos, cobraba en torno a un 3% de comisión por cada uno de los contratos de adjudicación, cuyo montante ascendió a 250 millones en los dos últimos años. La red podría haber captado unos siete millones en comisiones.

Además de Granados y de los alcaldes madrileños de Parla, Collado Villalba, Valdemoro, Torrejón de Velasco, Casarrubuelos y de Serranillos del Valle, así como del presidente de la Diputación de León, en la operación han sido detenidos jefes de gabinete de corporaciones locales, arquitectos, abogados, técnicos municipales y ejecutivos de las empresas implicadas. Uno de los últimos detenidos en la operación, en la que la Guardia Civil se ha incautado de 240.000 euros en efectivo, es el consejero delegado de la Agencia de Informática de la Comunidad de Madrid, José Martínez Nicolás.

Todos los acusados participaban presuntamente, cada uno desde su responsabilidad y sus posibilidades, en el entramado en el que los "conseguidores" de relaciones y contratos eran presuntamente los empresarios David Marjaliza -amigo de infancia de Granados- y Alejando de Pedro Llorca. Junto a estos dos empresarios, la Guardia Civil ha detenido a varias personas de sus respectivos círculos de confianza -socios, administradores y secretarias- que harían posible la materialización de la corrupción.

En la firma Cofely, corazón del entramado, han sido arrestados su director general, Didier Maurice; su jefe comercial en España, el director comercial para el sector público y el responsable del departamento de operaciones. La empresa borró ayer de su página web las referencias a los contratos que firmó en los últimos años con algunos de los ayuntamientos implicados.

Uno de ellos es el contrato firmado por importe de unos 55 millones con el ayuntamiento de Parla, que le permitiría reducir en un 40% su consumo energético y de sus emisiones de dióxido de carbono sólo en el alumbrado público. En Collado Villalba también se adjudicó la gestión energética del Ayuntamiento para los próximos 15 años por un importe de 42 millones, mientras que en Móstoles la multinacional fue la ganadora de un concurso público por 70 millones.