Los procesos judiciales en España son demasiado largos, tanto que a muchos ciudadanos se les antojan interminables. Más aún los que entran en la categoría de macrocausas, ya sea por el número o la relevancia social de sus imputados o por la enrevesada trama que se intenta desentrañar. Andalucía es un escenario que no es ajeno a esta circunstancia: la causa -sin duda macro, o mega- de los ERE fraudulentos nació en 2011, el caso de los cursos de formación emergió en 2013 y su documentación desborda las dependencias del juzgado de instrucción número 6 de Sevilla [página anterior]. Y no hay que olvidar el macroproceso de la operación Malaya. En el resto del país la situación no es muy diferente. El colapso de la administración de Justicia parece un tópico. Pero es una realidad.

El Gobierno quiere, por lo menos, mitigar la situación. Acabar con ella es, a día de hoy, una tarea colosal. Pero el Ejecutivo del PP tiene previsto presentar en el Congreso una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para acortar los plazos de instrucción de las causas y que ninguna dure más de 18 meses, con el objetivo de "acabar con los juicios de años y años" que "no terminan y que trasladan al ciudadano la imagen de impunidad".

Este anuncio lo hizo ayer el ministro de Justicia, Rafael Catalá, durante su intervención en el foro Más Justicia, Mejor Sociedad celebrado por el PP. Catalá explicó que con la reforma se "fijarán 6 meses para las causas sencillas, y 18 meses máximos para las causas complejas", todo ello con el fin de agilizar la justicia y el proceso judicial de las macrocausas.

Catalá precisó que la decisión de adoptar esta medida se debe a la necesidad de fortalecer el Estado de derecho, y limpiar la imagen de la justicia que ahora es de una justicia "lenta e ineficiente". El ministro también hizo hincapié en que es "injusto que por unos pocos casos" se valore a la justicia como lenta y que por ello cueste reconocer el trabajo de los profesionales de la justicia y el derecho.

"La lucha contra la corrupción en los últimos años nos está pegando en la cara a todos, a la sociedad, al Gobierno y a los partidos", ha declarado el ministro de Justicia, pero ha señalado que "hay miles de concejales que hacen su trabajo sin casi remuneración" y diputados respetuosos que trabajan "por el bien común". Por ello, Catalá expresó su deseo de reivindicar que los que "incumplen las normas son expulsados de la política y pagan" por sus actos.

El ministro también llamó a no "degradar" la política por "unos cuantos que no han cumplido". Por este motivo, ha explicado, el PP está adoptando las reformas para fortalecer el estado de derecho, el Código Penal y la reforma de la financiación partidos políticos, entre otras. "Nuestro compromiso se ve en la ley de transparencia que este Gobierno ha aprobado, para que se tenga toda la información de actuaciones, patrimonio y actividad" de los políticos, recalcó el ministro.

La pretensión del Gobierno encontró ayer mismo un primer rechazo en el juez decano de Madrid, Antonio Viejo Llorente, que se mostró "radicalmente en contra" de limitar el plazo de instrucción en asuntos de gran relevancia social como los de corrupción, ya que supondría abrir una puerta a la impunidad, y tampoco es partidario de instaurar la prisión permanente revisable.

Viejo no está de acuerdo con la limitación del tiempo de instrucción judicial hasta un plazo máximo de seis meses para las causas ordinarias y dieciocho meses, prorrogables, para las complejas y argumenta que que en los asuntos "de gran relevancia y trascendencia social", como los de corrupción, que implican la petición de comisiones rogatorias al extranjero y otros largos trámites, limitar el plazo "podría ser una puerta abierta a la impunidad".