MC Inmobiliaria, una de las principales empresas malagueñas intermediarias del sector, reclamó el concurso voluntario de acreedores (antigua suspensión de pagos) el pasado 24 de julio en el juzgado de lo Mercantil número 1 de Málaga. La declaración del procedimiento de la empresa de Miguel Ángel Céspedes, que hace sólo un año informaba de sus planes de expansión en Latinoamérica, fue publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 4 de agosto y se suma al concurso de acreedores que también atraviesa la empresa de microelectrónica del parque tecnológico Dogor.

La inmobiliaria MC es marca registrada de CO MA Comunicación y Marketing, sociedad que ha instado el concurso de acreedores, anunciado tanto en el BOE como en el registro mercantil. Fuentes de MC explicaron ayer que los problemas económicos surgieron hace poco más de un año y que la reducción de la plantilla ha sido considerable desde entonces, aunque no supieron precisar el número exacto de trabajadores ni el montante de la deuda que ha llevado a la empresa a instar el proceso concursal en el juzgado. Las fuentes sí aclararon que los empleados afectados iniciarán actuaciones judiciales contra MC.

Hace menos de dos años, en octubre de 2006, la inmobiliaria MC ocupaba el puesto 19 del listado de las cien primeras franquicias del país, según un ránking elaborado por la publicación Franquicias Hoy. En ese momento contaba con 303 agencias en España, de las que 285 eran franquicias y 18 propias; y con 16 en el extranjero, concretamente, en Portugal, Chile, México, República Dominicana y Ecuador.

La empresa también informaba en mayo de 2007 de un próximo salto a Colombia, donde pretendía abrir 100 establecimientos en un plazo de cinco años. MC, fundada en 1989 por Céspedes, facturó 180 millones de euros en 2005.

La empresa del Parque Tecnológico Dogor Electronics también ha entrado en concurso de acreedores tras acumular un pasivo que las fuentes consultadas tasan en más de tres millones de euros.

Esta compañía de microelectrónica fue fundada en 1994 por los ex trabajadores de Alcatel Feliciano Domínguez y José Gordo y cuando instó el proceso concursal contaba con un centenar de trabajadores entre fijos y eventuales.

El abogado Leopoldo del Prado, uno de los dos administradores judiciales designados por el Juzgado de lo Mercantil, ha precisado que el principal acreedor de la compañía es Banesto y que la empresa se encuentra al corriente en el pago de las nóminas, tras saldarse un atraso de 20 días que arrastraba.

La firma ha presentado un plan de viabilidad que pasa por un expediente de regulación de empleo (ERE) para despedir a 30 trabajadores. A estas bajas solicitadas se suman al menos otra veintena de empleados eventuales a los que no se les renovaron los contratos en julio.

La dirección de Dogor plantea en ese documento que necesita medio centenar de trabajadores para asumir la carga de trabajo actual. "Todavía no se ha adoptado ninguna decisión sobre el ERE. Mañana [por hoy] nos reuniremos con los trabajadores para oírlos. Después analizaremos si las cuentas que presenta la empresa se ajusta a la realidad y a mediados de septiembre se decidirá".

El abogado cree que la empresa puede ser viable. "En principio parece que puede salir adelante porque tiene activos suficientes", matiza. "Nuestra misión es defender a acreedores y trabajadores y que la empresa no caiga", matiza.

El origen de Dogor se remonta a las míticas crisis que sufrió Alcatel a finales de los 80 y principios de los 90, cuando el fabricante francés de teléfonos, que llegó a tener más de 2.000 trabajadores en Málaga, fue adelgazando y desmembrándose hasta desaparecer. En uno de aquellos expedientes de extinción los fundadores de Dogor fueron despedidos y decidieron crear su propia empresa con el dinero de la indemnización. Así nació en 1994 Dogor, convirtiéndose en una de las empresas pioneras del Parque Tecnológico de Andalucía (PTA). Inicialmente el cliente que originaba la mayor parte de su carga de trabajo era Alcatel y, a la desaparición de esta empresa, sus herederas: A Novo y, fundamentalmente Thomson.

El letrado Leopoldo del Prado vincula la crisis de la empresa con los altibajos que, a su vez, ha sufrido Thomson y que le han hecho reducir el volumen de encargos a Dogor.