Bronca sesión de la comisión de investigación sobre la gestión realizada por la empresa mixta de limpieza Limasa. La esperada comparecencia de los representantes de los principales socios privados de la sociedad, de la que el Ayuntamiento de Málaga participa con el 49% del accionariado, sirvió para confirmar lo único en lo que todo parece coincidir y es que en que la ciudad "no está limpia".

Lo admitió el propio director de la Delegación de Andalucía de FCC Servicios Ciudadanos, Francisco Cifuentes, que ayer compareció junto con otros tres representantes de Servicios Urbanos de Málaga (Seruma), la sociedad en la que se integran los privados de Limasa -FCC, Urbaser, Sando y Unicaja-. No dio razones concretas para tal afirmación, aunque sí se refirió a que la flota es "muy antigua" y eso ha hecho que los gastos de mantenimiento hayan aumentado. Además, señaló que el coste del servicio en ciudades como Zaragoza, donde FCC tiene la adjudicada la gestión del servicio d limpieza y recogida de basura el presupuesto total es inferior a los 75 millones de euros, unos 12 millones de euros menos que en Málaga a pesar de tener 100.000 habitantes más. En su opinión, "Limasa obviamente se ha visto condicionada por los convenios laborales y ahora mismo tiene una de las plantillas más altas de España, más que Sevilla y un 30% más que Zaragoza", por lo que consideró que ya que hay una plantilla abundante "habría optimizar los procesos, mejorar la eficacia y eficiencia, la tecnología, la maquinaria y el rendimiento".

Al respecto, Cifuentes hizo entrever que los continuos conflictos con la plantilla han tenido mucho que ver en esta situación y señaló que, aunque FCC "tiene de todo en España", el caso de Limasa "está entre los conflictos históricos".

Ante las críticas de los partidos de la oposición de haber estado "desaparecidos" durante la pasada huelga de basura que sufrió la ciudad, el representante de FCC aclaró que "el hecho de que no se nos haya visto es que la presencia de los socios se limitó con el cambio societario que hubo en 2004". "El alcalde decidió entonces asumir el control municipal de Limasa porque antes teníamos una actuación preferente y ahora somos meros asesores técnicos", indicó, si bien aseguró que no sienten defraudados puesto que "somos unos socios privados que respetamos los acuerdos y los cumplimos, no valoramos los acuerdos políticos". Sin embargo, sí reconoció que durante las negociaciones con los sindicatos en los conflictos laborales "hemos asesorado al Ayuntamiento hasta el último momento haciendo propuestas" y quiso dejar claro que los sindicatos han rechazado siempre su presencia en las reuniones.

Sobre la polémica asistencia técnica, por el que cobran un 2,5% de la producción anual por el supuesto asesoramiento que prestan a la sociedad en temas financieros, legales y técnicos, los representantes de ambas empresas aclararon que se trata de un concepto habitual en las empresas mixtas y que "no existe un caso en España que sea un porcentaje tan bajo"

Avalados por un dictamen elaborado por Íñigo del Guayo Castiella, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Almería, justificaron que se trata de un concepto que se refiere a "la solvencia técnica y financiera y a la experiencia" que estas sociedades aportan, y que el contrato no les obliga a detallar los servicios que prestan ni a ser justificado mediante factura.

Aunque no es el objetivo de la comisión, ambas respondieron a las preguntas de los políticos sobre el futurible de que finalmente se opte por licitar el servicio y ambas reconocieron que en ese caso se presentaran al concurso.