El Grupo Municipal Vox Chiclana ha registrado una propuesta para su debate en el Pleno ordinario de abril, fijado para el 30 de abril, en la que solicita el apoyo del resto de grupos políticos para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FFCCSE) logren “los recursos materiales técnicos y humanos necesarios, así como dar visibilidad a la falta de apoyo y reconocimiento institucional, con el correspondiente desamparo legislativo”, de estas.

La moción llega, según señala el partido político en una nota de prensa, “tras recoger las propuestas de varios colectivos, como la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) y la Plataforma Ciudadana Nuestro Corazón por Bandera. Este último ha nacido como un movimiento civil constituido por familiares y simpatizantes de la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía a raíz del asesinato de dos guardias civiles en Barbate por el ataque de narcolanchas el pasado 9 de febrero de 2024”.

Las conclusiones de ambos encuentros, según el portavoz de Vox Chiclana, Manuel Vela, manifiesta que “actualmente existen notables agravios comparativos con respecto a cuerpos policiales de ámbito autonómico de algunas comunidades autónomas”.

El edil afirma que “hay una falta de apoyo institucional y un desamparo legislativo, por lo que es preciso realizar una revisión normativa, que fuercen la seguridad pública y jurídica, así como en las condiciones laborales de los agentes”.

Igualmente, señala que “es manifiesta la escasez de recursos materiales y humanos, lo que resulta en una situación de desventaja para los agentes a la hora de combatir a los delincuentes, especialmente en el caso de los narcos y el tráfico de drogas, como quedó de manifiesto en febrero en Barbate”.

 Vox asegura que, según el Portal estadístico de criminalidad del Ministerio del Interior, los delitos por tráfico de drogas registrados en Chiclana el año pasado han crecido un 59,1% con respecto al ejercicio anterior.

En este sentido, Vela explica que el municipio “está considerado la gasolinera de los narcos en la provincia, y nuestros agentes están desamparados. Así, a la falta de recursos humanos y materiales, se une el hecho de que no están reconocidos como profesión de riesgo. Hay que corregir esto, así como garantizar y determinar claramente un protocolo de actuación que defina la proporcionalidad en la respuesta de los agentes en situaciones de riesgo grave, garantizando su integridad física y legal. Sería fundamental declarar nuestro entorno como zona de especial singularidad”.