La justicia, si se demora demasiado, no es justicia. Esto es lo que le ha ocurrido a las dos empresas andaluzas que fueron señaladas con el dedo por parte de la entonces senadora alemana de Sanidad, Cornelia Prüfer-Storcks, en mayo de 2011, que las acusó "injustamente" del origen del brote de la bacteria E.coli (Eschiria Coli), lo que desató la conocida como crisis de los pepinos, que costó la vida a 56 personas.

La Justicia alemana, a través de un tribunal de Hamburgo, ha obligado ahora al Gobierno de esta ciudad-estado a firmar un acuerdo extrajudicial con las dos entidades afectadas, la almeriense Hortofrutícola Costa de Almería y la malagueña Frunet Bio, por el que deberá indemnizarlas con una cifra que no ha trascendido, pero que rondará entre los 400.000 y los 700.000 euros.

El acuerdo contempla que se compartan los costes, por lo que, tras más de seis años de batalla legal, el presidente de Costa de Almería, Juan Enrique Vargas, lo califica como "compensación moral", pues el perjuicio económico y, sobre todo, el de la imagen, es imposible de reparar con dinero, asegura. "Al menos nos han dado la razón judicialmente, han tenido que rectificar desde Alemania", añade Vargas, que critica la postura del Gobierno de España: "Lo suyo es que las administraciones de España hubieran mediado defendiendo nuestros derechos frente al Gobierno alemán, pero nunca hemos sentido su apoyo ni su respaldo", afirma.

Tras la crisis del E.coli, los daños económicos estimados por parte de Costa de Almería superaban los dos millones de euros, mientras que Frunet cifró sus pérdidas en 2,2 millones. El productor almeriense de agricultura ecológica también reclamó en su momento 1,2 millones, que tampoco ha visto recompensados.

En octubre de 2015, la Audiencia Territorial de Hamburgo ya dictó sentencia a favor de los productores ecológicos andaluces, que reclamaban en torno a 2,3 millones de euros, sentencia que fue recurrida por Prüfer-Storcks.

Sin embargo, ahora, tras el anuncio del Senado de Sanidad de Hamburgo, se pone punto final a este capítulo negro para la horticultura andaluza, que arrancó en 2011 cuando Prüfer-Storcks nombró a las dos empresas como fuente de la infección de E.coli. Tras semanas de incertidumbre se comprobó que los portadores de la infección eran unos brotes de soja procedentes de una explotación de Baja Sajonia, que a su vez habían sido importados de Egipto.

El consejero de Agricultura de la Junta de Andalucía, Rodrigo Sánchez Haro, felicitó ayer a las dos empresas andaluzas por la decisión del tribunal alemán, que a su juicio supone, "más allá de la indemnización, un reconocimiento y una satisfacción, ya que se trató de una acusación infundada e injusta". "No sólo se limpia el buen nombre de estas empresas, sino de todo el sector productor andaluz", celebró. Pero exigió "a la Administración alemana que rectifique y que, con el mismo ímpetu que acusó sin fundamento, reconozca públicamente su error". Según Sánchez de Haro, esta sentencia supone el "cierre de la peor crisis que ha vivido el sector hortícola español, que provocó fuertes pérdidas".