El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, da por hecho que los fondos acreedores de las nueve autopistas en quiebra recurrirán a los tribunales el rescate de las vías y que será un juez quien determinará el coste que esta operación tendrá para las arcas públicas, esto es, el importe que el Estado deberá que pagar a los actuales concesionarios de las infraestructuras para compensar la inversión que realizaron en su construcción.

"Nuestras estimaciones son sensiblemente inferiores a las cifras que baraja el sector", aseguró el ministro en relación al monto de 3.500 millones que las concesionarias calculan. "En cualquier caso, seguro que acaba en el juzgado, porque será un importe (el estimado por Fomento) con el que los actuales tenedores de la deuda de las autopistas no estarán de acuerdo, con lo que finalmente será un juez quien marque cual es la cantidad exacta a la que tenemos que hacer frente", reconoció en declaraciones a Los Desayunos de TVE.

El Gobierno confía, no obstante, en reducir el coste final del rescate de las autopistas gracias a que destinará a cubrirlo los recursos que obtenga al volver a adjudicar las vías a empresas privadas. De la Serna recordó que el Ministerio está obligado por ley a quedarse con las autopistas, dado que así está establecido para los casos en que las concesiones de infraestructuras públicas quiebran.

"Queramos o no, hay un proceso judicial de concurso de acreedores por el que las concesionarias de las vías se están viendo abocadas a la liquidación y, en ese momento, tienen que revertir al Estado y la Administración tiene por tanto que asumirlas, quiera o no quiera", explicó. "A partir de ahí, la decisión que hemos tomado es volver a sacarlas a concurso para volver a ceder su explotación a empresas privadas, con el fin de que la responsabilidad patrimonial de la administración (RPA) pueda ser minorada con el importe que se recaude en la licitación", detalló.

En virtud de los contratos de concesión, cuando una infraestructura promovida por este tipo de sistema revierte al Estado, la Administración debe abonar a las empresas concesionarias dicha responsabilidad patrimonial, el coste que les supuso la inversión para su construcción.

El Ministerio se ha preparado ya para ese momento y ha fijado un calendario para abordar todo el proceso de rescate, que se acometerá el próximo año. Así, ha encomendado a la sociedad pública Seittsa que asuma las vías y se encargue de su posterior relicitación. Las autopistas pasarán a esta firma el próximo 18 de enero.