El Gobierno aprobará el viernes el plan contra el empleo sumergido

  • Gómez elude concretar el plazo que las empresas tendrán para regularizar a los trabajadores. Los técnicos de Hacienda aseguran que mueve 82.500 millones de euros, casi el 8% del PIB.

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El Consejo de Ministros de este viernes aprobará, por real decreto ley, el plan del Gobierno para que aflore el empleo sumergido. Éste prevé que durante un plazo de dos meses, hasta el 30 de junio, los empresarios puedan regular de forma voluntaria a sus plantillas en negro. El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, ha recordado que este miércoles acaba el plazo para que empresarios y sindicatos presenten sus alegaciones al segundo borrador de la iniciativa, y ha adelantado que si las propuestas de la CEOE y CCOO y UGT son "razonables, serán bien recibidas".

En cuanto a los detalles del plan, ha apuntado que todavía no se ha determinado el plazo que tendrán los empresarios para dar de alta a sus trabajadores. Los técnicos de Hacienda consideran que este plan se ha quedado corto, por lo que reclaman un decreto más ambicioso. Este colectivo calcula que el empleo sumergido mueve unos 82.500 millones de euros en España, lo que supone casi un 8% del PIB anual, y aseguran que la implantación de las medidas adecuadas permitirían recaudar cada año más de 13.000 millones adicionales procedentes de la Seguridad Social.

Valeriano Gómez ha asegurado que el Gobierno mantiene "su disposición" de aprobar el plan este viernes, tras subrayar que estas medidas no se incluyeron en la "agenda del diálogo social" y que se deben tomar "pronto" para aprovechar la coyuntura económica. "A la vista de las propuestas y las objeciones del plan (por los agentes sociales), el Gobierno tomará sus decisiones en un decreto ley que aprobará este viernes", expresó el ministro a los periodistas tras presidir la toma de posesión del nuevo director general de la OIT, Joaquín Nieto.

Gómez también recordó que el Ejecutivo decidió abrir un periodo de consultas con los sindicatos y empresarios, pero no un periodo de negociación "habitual" con tiempo para el intercambio de posiciones. "La decisión de someter el plan a un proceso de consultas fue tripartita", justificó el ministro, cuando muchas voces aseguran que el Gobierno está introduciendo cambios en la propuesta remitida a los agentes sociales para intentar alcanzar un acuerdo de "ultima hora".

Por su parte, los secretarios generales de CCOO y UGT, Ignacio Fernández Toxo, y Cándido Méndez, mostraron su rechazo a la última propuesta remitida por el Gobierno, pues echaron en falta una lucha "decidida" contra el fraude fiscal y se temieron que las nuevas medidas de afloramiento acaben precarizando aún más el mercado de trabajo. 

El ministro descartó varias veces que el plan esté acompañado de una amnistía por emerger el empleo en negro, sino que se trata de dar "unos dos o tres meses" para que las empresas opten por el afloramiento una vez se apruebe el decreto ley. "Lo que interesa es que cuantos más empleos emerjan, mejor", agregó. "El plan no contiene ninguna amnistía, sino facilidades", defendió, para después indicar que tras estos "meses", se producirá un "incremento sustancial importante" de las sanciones por mantener empleo sumergido.

El ministro sólo concretó que estas "facilidades" se refieren a los recargos de las sanciones y al aplazamiento en las deudas de las empresas a la Seguridad Social. "En crisis hay que dar facilidades para que las empresas contraten", afirmó. En este sentido, Gómez aclaró que el plan prevé aflorar empleo a través de los contratos temporales, pero sólo para los empleos en negro y con una duración mínimas de seis meses. "El objetivo del plan no es mirar al pasado", reiteró, mientras que no quiso aventurar una previsión de cuánto empleos ocultos pasarán a ser declarados, aunque sí que expresó: "Ojalá sean muchos". "Con el plan de empleo ganan los trabajadores y las empresas", concluyó.

Sin embargo, los sindicatos no lo tienen tan claro, pues el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, junto a su homólogo de UGT, Cándido Méndez, y de la CEOE, José María Lacasa, también presentes en el acto de posesión de Nieto, temieron que el plan pueda derivar en "precarizar" el empleo, por lo que anticipó el rechazo sindical a la espera del texto que el Consejo de Ministro acabe aprobando este viernes. "El plan puede estar muy bien intencionado, pero no creo que dé los resultados que desearíamos todos", dudó Méndez.

El 8% del PIB

Los técnicos de Hacienda también muestran sus dudas respecto al real decreto y piden la aplicación de un plan "más ambicioso y de amplio" calado que incluya también medidas específicas contra el fraude tributario, "máxime si se tiene en cuenta que para poder mantener los empleos irregulares las empresas necesitan en primer lugar disponer de dinero negro con el que pagar al trabajador".

Los técnicos de Hacienda calculan que el empleo sumergido mueve unos 82.500 millones de euros, lo que supone casi un 8% del PIB anual. El colectivo recalca que los mercados laborales que esconden más empleo irregular son Cataluña (28.937 millones de euros), Madrid (12.351 millones), Andalucía (11.549 millones), Comunidad Valenciana (8.347 millones), Galicia (4.702 millones) y Castilla y León (4.612 millones).

Gestha señala que otra muestra del alcance del empleo no declarado en el conjunto de la economía sumergida en España es el elevado número de irregularidades descubiertas por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS), que en 1,2 millones de actuaciones realizadas en 2010 registraron casi 100.000 infracciones en acta. En total, las sanciones derivadas de estas actuaciones rondaron los 250 millones de euros anuales y afectaron a más de 570.000 trabajadores a nivel nacional. Así, recuerdan que la economía sumergida alcanza actualmente el 23,3% del PIB en España, lo que supone cerca de 245.000 millones anuales, de los que 161.647 millones de euros, el 65,9%, proceden del fraude fiscal,

Desde Gestha se recalca la importancia de que el nuevo plan recoja medidas específicas para hacer frente a las principales bolsas de economía sumergida, como el fraude en el autoempleo de autónomos y gerentes de empresas individuales o familiares, especialmente en sectores como la agricultura, la construcción y oficios auxiliares, la hostelería y servicios turísticos o el transporte.

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