Economía

Junta y sector hacen frente común por el almacenamiento de aceite

  • La Consejería creará un grupo de trabajo con el objetivo de cambiar la normativa de calidad

El sector del aceite de oliva y la Consejería de Agricultura hicieron ayer frente común para demandar la activación urgente del almacenamiento privado, para retirar unas 100.000 toneladas del mercado y frenar la continua bajada de precios.

"Necesitamos ya la activación urgente del almacenamiento privado", sentenció la consejera de Agricultura, Clara Aguilera. Basó su reivindicación en que se dan los requisitos para la medida, ya que que los precios llevan cinco semanas por debajo del umbral exigido para poner en marcha dicho mecanismo.

Aguilera confirmó que el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, ha trasladado ya a la UE ya las demandas del sector, y espera que Europa tome cartas en el asunto antes del 3 de febrero cuando el comisario europeo de Agricultura, Dacian Ciolos, tiene previsto visitar España.

La consejera informó también de que ha acordado con el sector crear un grupo de trabajo específico para analizar la normativa de calidad de aplicación al aceite, y en un plazo de dos o tres semanas estarán los resultados para trasladarlos al Ministerio.

Las organizaciones agraria, COAG, Asaja y UPA apoyaron la necesidad de activar el almacenamiento del aceite, aunque esta última organización se mostró algo reticente al considerar que se incide mucho en este mecanismo en detrimento de otras medidas, también necesarias. En su opinión, se debe potenciar la concentración de la oferta para hacer frente a la política de precios de la gran distribución y fomentar más la promoción.

El responsable del sector del aceite de Asaja-Andalucía, Luis Carlos Valero, estuvo de acuerdo en que el almacenamiento privado no es suficiente para resolver los problemas del sector, sino que es una medida de choque para que los precios no sigan cayendo.

Se da la circunstancia de que el almacenamiento fue aceptado por la UE el pasado 29 de septiembre y comenzó a licitarse el 27 de octubre, con un plazo de seis meses para ejecutarlo. Los operadores españoles retiraron 44.000 toneladas, y a pesar de ello la tónica de precios bajos ha continuado.

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